La Federación DEAN (Defensa Animal en Cantabria) rechaza el ADN canino que quiere implantar el gobierno de Castro Urdiales por “duplicidad” y “gravar dos veces” a quien tenga un animal.

Tras conocer las intenciones de la alcaldesa de Castro Urdiales, desde Dean señalan que la utilización del ADN como método de identificación no recogido en la Ley 3/1992 de 18 de marzo de protección de los animales de Cantabria para sancionar por la no recogida de heces en vía pública, “no es útil ni en materia de civismo ni con enfoque recaudador”, infracción que ya está regulada en dicha ley sin necesidad del ADN y también en la Ordenanza reguladora de la protección y tenencia de animales del propio municipio. Aclaran también que la Orden 25/2003, de 17 de marzo, por la que se crea el Registro de Animales de Compañía y se establece su sistema de identificación, reconoce como único método de identificación el microchip y por lo tanto sería necesaria una modificación de la normativa autonómica para que fuera factible desde el punto de vista legal.

“Usar el ADN para sancionar a los propietarios es un método poco fiable que plantea serias dudas técnicas y jurídicas, además de su viabilidad económica ya que es muy costoso de implantar, con un complicado retorno de la inversión vía el cobro de sanciones y que genera duplicidades con respecto al ya existente Registro de Identificación de Animales de Compañía de Cantabria (RACIC) -lo que obligaría a los vecinos y vecinas con perros a pagar dos veces por el mismo servicio al tener que pagar una doble identificación, una con microchip y otra mediante ADN-“, advierte Victoria Cedrún, presidenta y portavoz de DEAN.

Respecto a las dudas jurídicas, la Federación explica que, para garantizar la legalidad de las multas a los infractores de la ordenanza, el municipio debería asegurar la cadena de custodia, es decir, que la muestra no se haya manipulado ni alterado desde su recogida hasta el resultado final de la analítica (cuando se coteja el ADN de la ficha de cada animal con el obtenido a partir de las heces). Para su toma, además, se requeriría de la presencia de un funcionario que levante acta del lugar, de la persona que toma la muestra y de su envío al laboratorio.

“Nos preguntamos si desde el equipo de Gobierno se han parado a pensar que el registro genético obligaría también a que la policía local controlara, persiguiera y, en su caso, sancionara a quienes, después del plazo concedido, no hubieran inscrito a su animal en dicho registro, pese a que la obligación legal es únicamente la del microchip electrónico, competencia autonómica”, subraya Cedrún.

La portavoz indica que “los vecinos y vecinas de Castro tienen derecho a conocer el coste de su puesta en marcha, a saber, que el sistema no garantiza un retorno de la inversión realizada para confeccionar el censo a través de las sanciones, como se ha demostrado en los municipios que lo tienen implantado”. Además, “merecen una explicación desde el Consistorio sobre qué ocurrirá con las heces de los perros itinerantes (que visitan el municipio y no censados en el mismo), con las de los animales abandonados y también sobre cómo van a evitar contaminaciones cruzadas con excrementos de otras especies”, continúa.

El colectivo cita como ejemplo la ciudad de Málaga, el primer gran municipio donde este sistema se implementó, a partir de mayo de 2017, que creó un fondo dotado con 200.000 euros para hacerse cargo de los análisis previos para obtener el perfil genético y para asumir también el coste de las pruebas PCR de las muestras de excrementos y que, a pesar de ello, el porcentaje de éxito medio alcanzado en la identificación en 2019 y 2020 fue de entre el 15 y el 22%.

“El sistema es endeble jurídicamente y fácilmente recurrible por los propietarios, además de rechazado por numerosos colectivos, entre los que se encuentran Colegios Veterinarios como el de Valencia y Andalucía, entre otros”, subraya.

Así mismo, desde Dean consideran que “no se puede gravar igual a quien cumple la normativa que a quien no lo hace y el sobrecoste para los propietarios que ya cumplen con las obligaciones establecidas en la Ordenanza no sería inferior a 45 euros por cada uno de sus animales”.

“Si de verdad quiere mejorar el bienestar animal y el civismo en las calles del municipio, lo que debería hacer el equipo de Gobierno es incrementar las actuaciones inspectoras y sancionar a quien incumple y apostar por la sensibilización y concienciación ciudadana”, opinan. En este sentido, recuerdan que la Ordenanza municipal incluye una infracción administrativa grave con una sanción de entre 301 a 1000€, que podrían aumentar hasta los 2400€ en caso de perros mal catalogados como potencialmente peligrosos, “poniéndose aquí de manifiesto la discriminación de determinadas razas respecto a otras”.

“Vincular la sanción con la identificación mediante ADN no contribuye al bienestar animal, se olvida el fin médico, sanitario y genético de dicha medida y en algunos casos podría generar la vulneración de la libre competencia si se limita el número de veterinarios autorizados a extraer y custodiar las muestras de ADN”, sentencia Cedrún.