La espoleada crisis de ocupaciones y los lemas políticos sobre inacción o falta de medidas (que no casan con las instrucciones judiciales o fiscales específicas, o con las distintas acciones policiales) se reflejan, a la hora de la verdad, en que en el segundo trimestre del año, esto es, entre abril y junio, hubo cuatro casos de ocupación (y bajando, pues es la mitad de lo que se dio el mismo período del año anterior).

Frente a esto, hubo diez veces más desahucios: en total, hubo 48 ejecuciones hipotecarias (embargos de viviendas por impagos), y 42 lanzamientos (la expulsión de la vivienda).

Si en la primera oleada de la crisis predominaron los de hipoteca, después el problema de la vivienda se desplazó a los alquileres, y así lo siguen reflejando los desahucios: de los 42 lanzamientos, 4 fueron por ejecución hipotecaria, 32 por alquileres (el resto, por otros motivos).

Con todo, comparando se refleja un descenso de un 70,8 por ciento en los lanzamientos practicados, tanto en los debidos a ejecuciones hipotecarias (un 84,6 por ciento) como los que respondían a impagos de alquiler (un 70,7 por ciento).

Son datos del Poder Judicial, que cada tres meses recoge datos de cómo impacta la crisis en los órganos judiciales (a donde al final, llegan manifestaciones de la crisis, como los despidos, cierres de empresas, despidos…)

Y más allá de la vivienda, este informe constata que cada vez más personas hacen uso de la posibilidad de declararse en concurso de acreedores (asumir que no pueden con todas sus deudas, posibilidad habitual en las empresas y extendida a particulares tras una nueva Ley): en ese tiempo se produjeron 73 concursos, un 40% más que el año anterior, pero mientras que los de empresas se mantuvieron prácticamente estables, los de particulares se duplicaron: de 30 a 60.

En los juzgados de primera instancia también se tramitan los procedimientos monitorios, en los que se reclaman deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, como, por ejemplo, gastos comunes de comunidades de propietarios.

Durante el segundo trimestre de este año, estos pleitos ascendieron a 2.625 frente a los 2.412 de un año antes, lo que representa un aumento del 8,8 por ciento respecto a 2022.

Por otro lado, los procedimientos por despido que llegaron a los seis Juzgados de lo Social de Santander aumentaron un 8,1 por ciento respecto a 2022, mientras quelas reclamaciones de cantidad  disminuyeron un 15,1 por ciento.

Además, de abril a junio, el juzgado de cláusulas dictó 1.281 sentencias, un 144,5 por ciento más que un año antes, debido al refuerzo que tiene este juzgado, donde cinco miembros de la carrera judicial están colaborando para sacar adelante los procedimientos que se han ido registrando desde su especialización en 2017. De esas 1.281 sentencias, el 98,4 por ciento fueron estimatorias contra la banca por incluir en las hipotecas cláusulas consideras abusivas por la Ley.