Con la llegada de los fondos a la economía, ninguna situación logra una estabilidad permanente, las relaciones (y los interés) están en constante cambio.

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla tiene, aparte de la propia atención, decenas de servicios (desde la hostelería hasta la informática) que prestan empresas y que se agruparon en un único contrato.

Lo gestionaría Ferrovial, que acabaría las obras, según la solución ideada hace casi una década por el PP la otra vez que gobernó para acabar las obras del hospital (y que llegó en un momento en que a falta de obra pública o construcción, las grandes del sector habían apostado ya por el formato multiservicios, las concesiones de servicios varios más allá de la propia obra).

Ferrovial creó una división de servicios, que se llamó Serveo, en la que la parte más importante la tiene el fondo financiero español Portobello, que está en una racha de ventas de anteriores adquisiciones y que hace casi un año puso en venta esa misma división, sin que haya trascendido un nuevo comprador.

Lo que sí sucedió este verano fue que Serveo, esa división de servicios en la que es mayoría Portobello –y en la que Ferrovial conserva un 24%–, se hizo con una adquisición fuerte: el área de servicios de otra de las grandes, Sacyr (Sacyr Facilities se llama esa división, que abarca áreas como limpieza, mantenimiento, facility management, servicios energéticos y servicios sociales).

La compra se efectuó por un importe de 87 millones de euros y Serveo confía en que le permita alcanzar una facturación cercana a los 1.500 millones, además de posicionarse como uno de los referentes del sector.

Fundada en 2010, Portobello cuenta con más de 2.000 millones de euros de activos bajo gestión y una cartera actual de 22 empresas participadas.

LA BÚSQUEDA DE SOCIOS INDUSTRIALES ESPAÑOLES PARA CELSA ABRE UNA PUERTA A SIDENOR

Otra de las cosas que sucedió este verano relacionada con la implantación de los fondos financieros en sectores clásicos de la economía, en este caso a industria, fue la autorización judicial a la toma de control por parte del Deutsche Bank y los fondos que compraron la deuda del grupo CELSA (dueño en Cantabria de GSW, la antigua Nueva Montaña Quijano, o Trefilerías), de modo que estos son ya formalmente los nuevos propietarios del entramado industrial hasta antes en manos de la familia Roviralta.

En estos enlaces se repasa el alcance y contenido de una sentencia que fue pionera porque supuso la primera aplicación de la nueva legislación y que abrió el camino a otras reestructuraciones de deuda como la de Telepizza.

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Esta operación abrió un panorama complejo, porque al ser fondos extranjeros, el Gobierno central debía dar una autorización, que finalmente ha estado supeditado a que en el accionariado que compondrá la empresa haya un socio de carácter industrial (todos son de carácter financiero y se espera así mantener la actividad fabril) y estatal, para evitar fugas a otros países.

Entre los nombres de los grupos que viene destacando la prensa especializada y estatal como los accionistas industriales españoles que podrían incorporarse se encuentran los grupos Megasa, CL y SIDENOR, grupo de origen vasco que además tiene planta en Cantabria.

Desde Cantabria su Gobierno ha pedido al Ejecutivo central que incluya peticiones ya trasladadas por la comunidad, tras creer que el compromiso de los fondos es “demasiado genérico”,

Así, el Gobierno de Cantabria reclama al Gobierno central que tome las medidas necesarias o autorizaciones preceptivas para garantizar el mantenimiento del centro principal de intereses, así como el domicilio fiscal y social del Grupo Celsa en España, que impida «las modificaciones que supongan la desaparición, la disminución de actividad o volumen de negocio o cualquier otra forma de pérdida de valor de los centros de trabajo ubicados en Cantabria y en España», además de compromisos específicos en deuda o finanzas, y accionistas españoles de referencia con capacidad de control o veto, además de consejeros independientes.

Celsa es la primera empresa en producción de materiales industriales de la comunidad, con una facturación en 2022 de 857 millones de euros, lo que representa el 49% del sector metalúrgico de Cantabria, y con 1.145 puestos de trabajo, el 3,6% del empleo industrial, especialmente en sus filiales Global Steel Wire y Global Steel Products.

Una empresa que, además, ha invertido más de 467 millones de euros durante el periodo 2001-2022 y que el pasado año movió 1.895 toneladas, el equivalente a casi 80.000 camiones (más de 300 diarios), cifras que la convierten en el primer usuario del Puerto de Santander por volumen de mercancías.

En el conjunto de España, da empleo a 4.410 personas en las plantas de Cataluña, País Vasco, Cantabria, Galicia, Asturias, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía, si bien cuenta con más de 120 centros de trabajo en 9 países europeos, en los que genera 9.600 empleos directos y 72.300 indirectos.