Los fondos propietarios de CELSA podrán acogerse al aval público de 13,2 millones para GSW, la antigua Nueva Montaña
Al igual que sucedió con la vivienda, cuando se creó el banco malo para quitarle a los bancos lo que llamaron activos tóxicos (denominación que dieron un encadenado error de cálculo, las hipotecas que concedieron sin garantías suficientes para sufragar el exceso de viviendas construido durante los años de la burbuja sin que hubiera una demanda real que lo sustentara sin el crédito barato para darle salida) la llegada de los fondos financieros a la economía real no sería posible sin la participación de lo público.
Ahora, los fondos financieros que se han convertido tras una pionera sentencia judicial en los nuevos dueños del grupo CELSA, cuya deuda habían comprado, podrán recurrir al aval público para sostener su actividad.
El grupo CELSA ya recurrió a ayudas europeas y estatales en forma de avales para intentar superar la crisis COVID, justificadas por su condición de industria estratégica estatal.
CELSA, una empresa “claramente viable” que esquivó la insolvencia gracias a ayudas públicas
A esas ayudas estatales y europeas se suman las distintas formas de colaborar que muestran los Ejecutivos de las comunidades autónomas en las que el grupo industrial tiene presencia, como, en el caso de Cantabria, la Global Steel Wire (antigua Nueva Montaña Quijano) o Trefilerías Quijano, en el Valle de Buelna.
Así, el Consejo Ejecutivo del ICAF (el Instituto Cántabro de Finanzas, entidad para avalar proyectos, que depende de la Consejería de Economía), en su reunión de esta mañana, bajo la presidencia del consejero de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, renovar el aval de Global Steel Wire por un importe máximo de 13.250.000 euros.
Esto supone el 79% sobre el saldo dispuesto en la línea de confirming para el pago a proveedores ante el BBVA. Los confirming son herramientas de los bancos para adelantar pagos previstos que se cuenta que llegarán seguro por existir contratos, aunque el pago real se retrase y afecte a la liquidez, esto es, al dinero real con que se cuenta en la caja para poder realizar operaciones en el acto.
Este acuerdo, destaca el Gobierno de Cantabria, materializa el compromiso que el Ejecutivo tiene con la factoría del grupo CELSA y que se formalizó en un acuerdo del Consejo de Gobierno del pasado 23 de septiembre para defender la integridad, la viabilidad, la actividad y el empleo del grupo en Cantabria y en España.
Un acuerdo, que la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, trasladó por carta al ministro de Industria instando al Gobierno de España a que se implique para que los nuevos socios aseguren el cumplimiento estricto de los compromisos asumidos en el Plan de Reestructuración, teniendo en cuenta, además, el carácter estratégico de Global Steel Wire para la Comunidad Autónoma.
El Gobierno central ya ha fijado como condiciones para autorizar la operación (dado que implica entrada de operadores internacionales) criterios como la unidad industrial (que no se dispersen las fábricas en lotes, tendencia recurrente entre los fondos), que entre un socio de carácter industrial (especializado en el sector, toda vez que los nuevos dueños proceden de la economía financiera) y estatal, para que haya presencia nacional, lo que ha abierto la puerta entre los candidatos a referentes industriales como SIDENOR, que cuenta además con factoría en Reinosa.
Celsa es la primera empresa en producción de materiales industriales de la región, con una facturación en 2022 de 857 millones de euros, lo que representa el 49% del sector metalúrgico de Cantabria, y con 1.145 puestos de trabajo, el 3,6% del empleo industrial en la Comunidad Autónoma.
MUPAC
Además, este organismo ha dado luz verde al contrato con el Banco Europeo de Inversiones para la financiación por valor de 35 millones de euros de las obras del nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC).Este contrato permitirá al ICAF poder tener financiación suficiente para poder formalizar una financiación de hasta 45 millones de euros con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte.
En total, la construcción del nuevo museo, que concluirá a finales de 2025, supondrá una inversión total de 49 millones de euros, tras cuantificarse un sobrecoste de 3,5 millones de euros, e implicará fondos del Gobierno de España, el Ejecutivo Autonómico y financiación europea.
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