El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Cantabria (STEC) ha querido salir al paso del nuevo ataque de VOX a la Educación Pública, tras la presentación de una PNL por parte del partido ultraderechista donde vuelven a intentar imponer la censura en las aulas, retirar libros y otros materiales educativos, e incluso señalan a determinados centros de nuestra Comunidad por hacer bien su trabajo, lo que resulta “intolerable”. De hecho, ha puesto este asunto en manos de sus servicios jurídicos, de cara a analizar las posibles actuaciones contra agresiones tan irresponsables que no solamente perjudican a los enseñantes, sino que pueden alterar la normal convivencia de la comunidad educativa.

El sindicato mayoritario del sector ha recordado que ya en 2020 se rechazó otra iniciativa censora similar, en el Parlamento y en las aulas, impulsando la campaña Educa en libertad, en la que se explicaba cómo la normativa vigente salvaguarda la autonomía del profesorado y define un sistema educativo integral, para la formación de sociedades justas, democráticas, diversas. Es esta libertad y diversidad que representa la docencia pública, a la que se accede por pruebas públicas y que se desarrolla en marcos establecidos democráticamente por las cámaras representativas, lo que la convierte en objetivo de minorías integristas que quieren enseñantes elegidos a dedo con criterios personales y contenidos arbitrarios que reproduzcan al dedillo la ideología de sus progenitores.

Resulta explicativo el desconocimiento que los diputados ultras demuestran sobre el sistema educativo público, elegido por tres de cada cuatro familias en nuestra Comunidad. Lo que este partido político ataca no es sino la concreción de los acuerdos internacionales en materia educativa, la aplicación de la legislación, así como la materialización de los currículos estatal y autonómico, que se concretan en las programaciones didácticas que realiza el profesorado a comienzo de curso, y que ya se revisan anualmente, tanto por los órganos colegiados y de coordinación de los centros docentes, como por el Servicio de Inspección Educativa de la Consejería de Educación. ¿Qué tipo de gente es la que quiere censurar la educación afectivo-sexual, que ayuda a los jóvenes a saber identificar y actuar ante un caso de abuso sexual? ¿Qué tipo de sociedad persiguen quienes querrían censurar la educación en valores y respeto a los derechos humanos?

En definitiva, el STEC quiere dejar claro que ya existen los debidos mecanismos de control, revisión y mejora de lo que se enseña en las aulas; que son tanto internos de los propios centros escolares (en los que participa toda la comunidad educativa) como externos por parte de la Administración. Pretender ahora, como hacen estos ultras, que la educación se someta a una aprobación previa y expresa de cada padre o madre en particular (una censura parental preventiva) es un delirio grotesco: malo en su esencia porque convierte a los docentes en un colectivo sospechoso, indeseable porque el alumnado tiene derecho a conocer más realidades, e irrealizable en la práctica porque paralizaría el proceso de enseñanza-aprendizaje al quedar condicionada cada sesión a la opinión de todos y cada uno de los distintos progenitores.

«El Parlamento debiera centrarse en los retos reales de la Educación de Cantabria»

El STEC señala que «esta ridícula PNL «no va a tener la capacidad de afectar al correcto desempeño profesional del profesorado. Lo que realmente busca es socavar la imagen de la Educación Pública, pero el posicionamiento sistemático de un partido como VOX al servicio de los negocios educativos privados sólo consigue el efecto contrario. Llama la atención que quienes abusan tanto de términos como “adoctrinar” o “chiringuito subvencionado”, no digan nunca nada de la materia de Religión o los centros privados concertados.

Los grupos parlamentarios de Cantabria debieran estar centrados en los retos reales de la Educación, que no son pocos, mientras este tipo de ruido solo contribuye a tapar escándalos como que el 76% de los centros privados concertados sigan cobrando cuotas obligatorias a las familias, pese a que la legislación lo prohíba, excluyendo al alumnado que no las abona, tal y como recoge el reciente estudio de cuotas y precios de los colegios concertados.

Por ello, el STEC hace un llamamiento a la sociedad cántabra a cerrar filas en defensa de la Educación Pública, rechazando frontalmente hasta aislar estos discursos intoxicadores y liberticidas contra el colectivo profesional docente. A su vez, para que no se salgan con la suya, interpela a los grupos parlamentarios democráticos para tomar medidas de control efectivo del cobro de cuotas ilegales en los centros privados concertados, que constituyen una competencia desleal, por su doble financiación, para la educación de todas y todos.