La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado de Cantabria ha mostrado su rechazo a la posibilidad, aprobada ayer en el Parlamento por PP y Vox, de concertar los estudios de bachillerato en centros privados, aunque esta medida se quiera camuflar con eufemismos como “continuidad  pedagógica” o “ayudar a familias que no cuentan con recursos económicos suficientes”.

FAPA Cantabria tiene claro que si lo que realmente se quiere es apostar por la continuidad pedagógica, lo primero que habría que hacer es invertir trabajo y recursos en estabilizar plantillas en los centros educativos, evitando el cambio de profesorado que curso tras curso sufre el alumnado, cuestión que sí que les impide esa continuidad pedagógica que se dice querer evitar.

Además, las familias quieren recordar que el alumnado ya “rompe” esa continuidad educativa en los centros públicos cuando pasa de educación primaria a educación secundaria, y esto, lejos de suponer un problema, es una parte más del aprendizaje educativo y social que permite la educación pública.

Y constatan que, en el propio salto al bachillerato en los centros públicos tampoco se da esa continuidad educativa cuando parte del alumnado se ve obligado a cambiar de centro por no disponer del bachillerato deseado en el centro en el que han estudiado ESO, lo cual se podría evitar  con más inversión en los centros públicos.

En cuanto al apoyo económico a las familias que más lo necesitan, FAPA Cantabria se muestra totalmente favorable a poner en marcha medidas en este aspecto, pero considera paradójico que la única decisión que se va a tomar se produzca en los centros en los que se concentra el alumnado con perfil socioeconómico más alto, lo cual evidencia a quien se quiere beneficiar realmente.

Por otro lado, se preguntan de donde van a salir los recursos necesarios para esta medida, más aún cuando ya se están diseñando unos presupuestos para el año que viene que, disfrazados como una “bajada generalizada de impuestos”, van a beneficiar también a las familias con más recursos, en perjuicio de las más desfavorecidas.

FAPA Cantabria considera que para favorecer a las familias más necesitadas se podrían tomar muchas medidas como la necesaria inversión en mejorar el estado de unos centros educativos cada día en peor estado, dotarles de más medios materiales y humanos o evitar el cuantioso gasto que cada curso deben de afrontar las familias en la compra de libros y materiales, que supone un incumplimiento de la gratuidad que establece la Constitución Española que el Gobierno de Cantabria debería de
afrontar con urgencia.

Por último, la Federación de AMPA quiere recordar que existe una “pirámide” que muestra de forma muy clara como el alumnado procedente de familias con un perfil socioeconómico más bajo es el que antes abandona el sistema educativo, por lo que considera necesario que todas las medidas de inversión y apoyo educativo que se quieran realizar se pongan en marcha con la mirada puesta en esta situación, no en la contraria

Podemos Cantabria insiste en reclamar a la Consejería de Educación que cumpla la LOMLOE y ponga coto a las cuotas ilegales a familias que se aplican en centros concertados

Por su parte, Podemos Cantabria insiste en su reclamación a la Consejería de Educación, del PP, para que cumpla y haga cumplir la Ley Orgánica por la que se Modifica la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), poniendo coto con ello a las cuotas ilegales que los centros concertados vienen aplicando a las familias.

En este sentido, el secretario de Educación de Podemos Cantabria, Pablo González, ha declarado que, según el INE, “en el curso 20-21, último del que se tienen datos, las familias cántabras desembolsaron de media 742 euros en concepto de cuotas ilegales y nos consta que, a día de hoy, esta práctica se sigue llevando a cabo, pudiendo haber aumentado dicha cantidad”, añadiendo que “no puede ser que se cobren cuotas a las familias por los arreglos en las infraestructuras, lo cual vulnera la expresa prohibición de la LOMLOE, ni abonos extras en concepto de actividades cuyo fin es, antes que nada, dejar fuera al alumnado cuyas familias no pueden costeárselo”.

Para González, “son especialmente estas familias las que llevan soportando esta situación durante mucho tiempo, y ahora que la ley les protege es hora de que el consejero de Educación, Sergio Silva, se tome en serio las denuncias que las asociaciones de madres y padres, así como diversos medios de comunicación y sindicatos, llevan años realizando”. “Póngase a trabajar, señor Silva, en salvaguardar los derechos del alumnado y de sus familias, tal como le obliga la Ley”, ha apostillado el responsable morado.