La asociación ecologista ARCA ha advertido de que anunciada modificación de la Ley del Suelo, que permitirá y agilizará la construcción de viviendas en suelo rústico (categoría de suelo ligada a usos del medio rural) “extremará la agresión al medio rural” y “acabará para siempre” con el suelo fértil de Cantabria.

Según han recordado, “el suelo rural siempre ha sido y es preservado en las comunidades y países de nuestro entorno por su estratégica función en la producción de alimentos, biodiversidad y servicios ecosistémicos para toda la sociedad”.

Por eso, lamentan los planes anunciados por la Consejería de Fomento, y replican que, lejos de suponer un “crecimiento controlado”, esta medida es “es en sí misma un acto esencial de desorden y descontrol” ya que los suelos establecidos y reservados para construir son los urbanos y urbanizables, no los rurales.

Tampoco comparten el argumento manejado por el Gobierno de que no modificar la actual Ley supone “condenar a los municipios a la paralización de su desarrollo”, respondiendo que el desarrollo socioeconómico de los municipios rurales siempre se ha basado en las ac�vidades agroganaderas, forestales y derivadas, en las que el turismo puede tener una función complementaria,, mientras que aquí lo que se hace es identificar “desarrollo” con “construcción”.

Esto, añaden, supone “convertir a los prados y mieses de nuestra comunidad en meros solares para construir” y transformar los espacios rurales en urbanos.

Asimismo, rechazan que de no adoptarse esta medida, se impediría la construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico, señalando que la construcción de vivienda en los pueblos de Cantabria se ha hecho siempre mediante la concentración de viviendas en núcleos, o barrios, que suelen estar separados entre sí, pero no en mieses o prados, cuya función es ser cultivos, esto es, para ser “la despensa y el medio de subsistencia de sus habitantes”.

Hasta la fecha, la Ley del Suelo vigente (diez años de aplicación) hizo posible que mientras en el suelo urbano se construyeron en ese período 3.000 viviendas, en el suelo rústico se construyeron en torno a 1.500, es decir, la mitad de las construidas en suelo urbano, una “anomalía” que supone “un desequilibrio único en España” y el resultado del “fracaso deliberado” de la planificación urbanística en Cantabria.

Finalmente, inciden en que la actividad económica que se invoca sólo se ciñe al momento de la construcción de la vivienda: “cuando esta acaba, se acaban la actividad y el empleo, y solo quedan los gastos de gestión municipal y servicios, que pagamos todos”, y cuestionan el efecto de fijación de población en los pueblos, ya que, al contrario, la construcción en prados y mieses lo que hace es convertir a los núcleos rurales “en pueblos fantasma llenos de casas vacías, sólo ocupadas temporalmente en períodos vacacionales”.

Y concluyen lamentando que esta modificación no se hace considerando el interés general de toda la comunidad, sino que “está dirigida exclusivamente a facilitar y promover la especulación inmobiliaria al servicio de una minoría de particulares locales”.