Este martes tendrá lugar un juicio en la Audiencia Provincial de Cantabria contra un hombre acusado de cometer un delito contra la libertad sexual de una menor, de 17 años, con la que había contactado a través de Instagram. Según el escrito del ministerio fiscal, ambos intercambiaron conversaciones y en un momento dado quedaron para conocerse.

El acusado la llevó a un local abandonado, donde le instó a que le hiciera una felación, le quitó la ropa y la penetró anal y vaginalmente, pese a que la chica “pidió al acusado que parara repetidamente, dado que le hacía daño”.

La menor, que estaba tutelada por la administración, presentaba una situación de vulnerabilidad, según explica el escrito presentado por el Gobierno de Cantabria, que ejerce la acusación particular. Así, “su condición sumisa, su virginidad y su falta adecuada de formación sexual en el momento de los hechos, así como sus carencias afectivas, la convirtieron en la víctima perfecta”, añade.

Señala además el escrito del Servicio Jurídico del Gobierno de Cantabria que el acusado “ha sido denunciado en distintos momentos por otras dos menores, que también se encontraban bajo la guarda o tutela de la administración, por agresiones de la misma naturaleza”. Y concluye que “el modo de proceder es similar en todos los relatos: primero entabla una relación con las víctimas, todas ellas vulnerables por su edad y circunstancias sociales y afectivas, lo que le facilita el acceso carnal a las menores, prescindiendo de su falta de consentimiento y de sus súplicas para que pare”.

Para la fiscalía, los hechos constituyen un delito de abuso sexual con acceso vía anal y vaginal, merecedor de cinco años de prisión, seis años de alejamiento y prohibición de comunicación con la joven, y diez años de inhabilitación para trabajar con menores.

El Gobierno de Cantabria, por su parte, considera que los hechos constituyen un delito continuado de agresión sexual, “no solo por la violencia ejercida sobre la víctima, una persona especialmente vulnerable”, sino también “por sus súplicas para intentar parar la agresión”.

Además, considera la acusación particular que “concurre como agravante la situación de inferioridad de la víctima, por su minoría de edad y por la especial vulnerabilidad derivada de su guarda, conociendo el acusado esa dependencia administrativa y habiendo abusado de su superioridad física y anímica”.

Así, la petición de condena por el delito continuado de agresión sexual que realiza la administración asciende a trece años y cinco meses de cárcel, además de seis años de alejamiento y prohibición de comunicación con la joven, y diez de inhabilitación para actividad que conlleve contacto con menores.

En concepto de responsabilidad civil, el Gobierno regional reclama una indemnización para la joven de 6.000 euros.

Acusado un hombre de allanar la vivienda de su expareja

Según el escrito del ministerio fiscal, en el verano de 2020 el hombre entró en la casa de la mujer que durante diez años había sido su pareja y con la que había roto tres meses antes.

El hombre, que sabía que ella no estaba ese día en la casa, actuó de este modo “sin conocimiento ni consentimiento” de la propietaria de la vivienda, y permaneció en la misma durante un rato, “pese a que era perfectamente consciente de que carecía de autorización alguna de la moradora y de que con su acción cometía una intromisión en la intimidad de la mujer”.

La propietaria pudo saber de la presencia del hombre debido a las cámaras de videovigilancia que había instalado en la vivienda.

Los hechos constituyen, a juicio del ministerio público, un delito de allanamiento de morada merecedor de un año de prisión.

La acusación particular, por su parte, eleva la petición de pena a dos años de cárcel y tres de alejamiento y prohibición de comunicar con la mujer, y pide además el pago de una indemnización a la mujer por ver afectada su intimidad de 3.000 euros.