Tras varios ejercicios en que Mutua Montañesa ha tratado de evidenciar las incapacidades temporales como un problema general y después de una semana en la que hemos conocido que en 2023 se ha logrado superar la docena de muertes en accidente laboral, la Consejería de Salud ha priorizado en la parte de su  agenda en la que se mezclan salud y trabajo el discurso sobre el «gran problema» del absentismo, al que quiere dar «más visibilidad».

Así se lo ha trasladado el consejero de Salud, César Pascual, a los directores de planta y responsables de recursos humanos de varias compañías del sector industrial de la automoción y sus elementos auxiliares.

En concreto, han participado en la reunión Jorge Alonso y Ana Francés, de Nissan Cantabria; Samuel González, de SEG Automotive; y Marcos Díaz, de MAFLOW, que representan, por tamaño, al 80% del sector de la automoción en Cantabria.

Según los datos facilitados por las propias empresas, el absentismo laboral por IT, incapacidad temporal, que implica baja emitida por personal médico) alcanza el 8,2%, tres puntos por encima de la media regional, que sitúa en 5,2%, a su vez superior en un punto a la media nacional.

Y eso que, según esgrimen ellos mismos, las Mutuas –responsables de esta fiscalización, a la vez interesadas en las altas como forma de aliviarse costes-, son muy ágiles dando altas: Cantabria es la tercera comunidad autónoma que mejor cumple estos plazos, ya que “el 100% de las propuestas de alta se responde en menos de una semana”.

Para paliar esta situación, una medida que se apunta es la incorporación de pruebas diagnósticas de servicios médicos ajenos a la sanidad pública a la historia clínica del trabajador, para «agilizar» el diagnóstico y tratamiento, o la posibilidad de crear una comisión bilateral administración-empresas para valorar la evolución de las IT.

383 millones de pérdidas

Un problema que, según los responsables de las empresas, afecta “de lleno” a la competitividad, los costes laborales y su función como “elemento tractor” de la economía de Cantabria, puesto que dichas empresas son “punta de lanza” y motor económico de las áreas de Reinosa, Asón, Buelna y la bahía de Santander.

El «gran problema» se traduce, según los datos del Observatorio sobre el Absentismo –datos de la Mutua–, expuestos por los responsables, en 2023, se han perdido más de 2,4 jornadas de trabajo del total de los 365 días del año, con casi 10.000 trabajadores en IT, y un impacto económico de 383 millones de euros, que incluyen los costes de las distintas incapacidades, los de sustitución del personal y otros costes indirectos.

En este sentido, la Consejería de Salud y, por extensión, todo el Gobierno de Cantabria tratará de proponer e implantar medidas que contribuyan a paliar este problema que «impacta directamente» en el tejido productivo, ya que el sector aporta un 20% del PIB de la región.

En esta primera toma de contacto con el departamento que dirige César Pascual, que las empresas han valorado de forma muy positiva, se ha puesto de manifiesto el “compromiso” del Gobierno de Cantabria no solo en el mantenimiento del tejido empresarial de la región, sino en “hacer de Cantabria un lugar atractivo para la implantación de nuevas empresas”.

Impulsar el grupo de trabajo

Además, Pascual ha trasladado a las empresas la “sensibilidad” del Gobierno con este tema, en el que trabajará de forma “consensuada y coordinada” para gestionar las IT “de la mejor manera posible”, conjugando el derecho a la protección de la salud de los trabajadores con los intereses de las empresas.

De ahí que, de ahora en adelante, el objetivo es impulsar la labor del grupo de trabajo, para monitorizar el avance de sus acciones y establecer propuestas.