UGT-Salud Laboral ha emitido hoy un comunicado en el que rechaza cualquier iniciativa sobre el absentismo laboral «que no esté incluida en el diálogo social de Gobierno, empresarios y sindicatos representativos» de Cantabria, tras la reunión que ayer mantuvieron el consejero de Salud del Gobierno regional, César Pascual, y representantes de algunas empresas industriales del sector de la automoción.

En la reunión, el consejero asumió el discurso sobre el «gran problema» de las incapacidades temporales (bajas laborales por motivos sanitarios, emitidas por médicos del SCS), comprometiéndose a amplificar el mensaje y crear un grupo de trabajo.

Gobierno y empresas estudian introducir profesionales ajenos a la sanidad pública en la gestión de las incapacidades temporales

En primer lugar, el sindicato precisa que «no tendría sentido alguno crear un grupo de trabajo fuera del ámbito del diálogo social para abordar los efectos del absentismo laboral porque es una cuestión que debe partir de la Administración y contar con todos los agentes sociales implicados, no sólo con algunos de ellos». El diálogo social es el contacto recurrente y fijado entre Gobierno, patronal y sindicatos para cuestiones laborales.

Además, en respuesta a algunas declaraciones de los empresarios presentes en la reunión con Pascual, que hablaban de fuertes pérdidas económicas por los menos de 3 días al año de incapacidad media,  UGT-Salud Laboral precisa que «si hubiera una mayor inversión en la prevención de riesgos laborales es seguro que se evitarían otros costes económicos adicionales ajenos a la sanidad pública y de ámbito estrictamente laboral».

En realidad, aclaran, «el problema es que se derivan al Servicio Cántabro de Salud enfermedades de origen laboral porque existe una exigua declaración de éstas; lo que origina perjuicios tanto a las personas trabajadoras por la duración como por la menor remuneración de la baja y también para los empresarios, la sanidad pública y la ciudadanía por las listas de espera».

Es decir, no es que el mundo de la empresa sufra problemas por la actividad médica, sino que es la asistencia sanitaria la que se resiente de las enfermedades y accidentes provocadas por la actividad laboral.

En cualquier caso, UGT-Salud Laboral rechaza pruebas diagnósticas de servicios ajenos a la sanidad pública para agilizar la tramitación de las bajas por incapacidad temporal, tal y como plantean los empresarios del sector de la automoción.

«Sería inadmisible porque, además de generar uno de esos costes adicionales que hay que evitar, implicaría un claro menosprecio al trabajo del personal médico del Servicio Cántabro de Salud y una intromisión en el proceso de recuperación de las personas trabajadoras afectadas», matiza el sindicato.

UGT-Salud Laboral insiste «todas estas cuestiones deben incluirse en el diálogo social para que se aborde desde todas las perspectivas con una coordinación entre diferentes organismos médicos para acabar de una vez por todas con la infradeclaración de incapacidades de origen laboral».

Para el sindicato, «ante todo, la Administración autonómica debe hacer cumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la Consejería de Salud que los problemas se resuelvan desde el origen, sea cual sea».