Los perjuicios del sector financiero al conjunto de la sociedad fueron más allá de causar el rescate bancario o de la creación de la SAREB, el banco malo que concentró el error de previsión de constructoras y bancos sin que supusiera un retorno en forma de vivienda social para los contribuyentes.

También se sienten en la Administración de Justicia. En la crisis de hace una década fue necesario crear un juzgado específico para las preferentes (el producto financiero que las cajas vendieron como de ahorro para colocar en mercados secundarios y que acabaron perjudicando a los clientes),ante el aluvión de demandas, y en los últimos años siguió siendo necesario un refuerzo, en este caso para los casos de cláusulas abusivas en las hipotecas (anuladas por la Justicia europea, desde las cláusulas suelo que impedían que la hipoteca bajara aunque lo hicieron los tipos de interés en función de los que se calculan, hasta los de vencimiento anticipado ante pocos impagos, considerando que varias cuotas no pagadas suponían el incumplimiento del total del contrato, en el origen de muchos desahucios de propietarios).

UN LUSTRO DE ESPECIALIZACIÓN

Así, en 2017 se creó un juzgado específico para estos casos, en realidad la conversión de un juzgado y la creación de uno de refuerzo: el de Primera Instancia número 2 de Santander y el de refuerzo específico para esto, que se dieron en llamar el Juzgado de las cláusulas suelo. El refuerzo se hizo mediante una magistrada juez de adscripción territorial (es decir, enviada a Cantabria, no titular de un Juzgado concreto, como es lo habitual).

Su actividad finalizó, tras varias prórrogas, en diciembre de 2022, lo que permite ya hacer un balance de lo que ha supuesto, tal y como refleja la memoria judicial del año pasado, consultada por EL FARADIO.
Así, en estos cinco años estos juzgados han registrado un total de 20.632 asuntos (más de cuatro mil al año); y han resuelto 16.391, esto es, el 79,44 por ciento de los procedimientos que han ingresado.

En los más de cinco años de funcionamiento de estos órganos, se han dictado 12.455 sentencias y a 31 de diciembre de 2022 se encontraban en trámite 4.241 procedimientos.

La mayoría de las sentencias fueron condenatorias, y el que se anule el Juzgado no significa que no se tramiten estos casos, sino que se derivan a la jurisdicción que les corresponde y el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santander puede volver a dedicarse a sus funciones reales.

Se calculó un máximo de 25 señalamientos (un señalamiento es la fijación de la fecha de un juicio, la convocatoria) diarios durante dos días a la semana para alcanzar un número de hasta 240 señalamientos mensuales y de 80 sentencias durante el mismo período de un mes.

De hecho, en 2022 se ha mantenido el elevado porcentaje de demandas presentadas por clientes de entidades financieras.

MÁS ALLÁ DEL JUZGADO DE CLÁUSULAS

Eso para el juzgado específico, existen otros órganos cuyas secciones civiles también atienden casos relacionados con la actividad de los bancos.

Para estos, los datos estadísticos del año 2022 permiten considerar que se mantiene un incremento regular que llevo a que el año pasado entraran 2.371 casos, lo que mirando a 2016 hace que la subida sea del 40%.

Las razones de este aumento progresivo, como se indicó en informes anteriores, tienen relación con la persistente litigiosidad en materia bancaria, que no tiene visos de ceder.

Asimismo, de los datos estadísticos facilitados por estos órganos judiciales se deduce un año más que, a pesar de la puesta en funcionamiento del nuevo Juzgado de Primera Instancia n.º 12 de lo civil, el volumen de asuntos sigue siendo muy elevado, por lo que la Memoria Judicial apunta que es es necesario adoptar medidas para reducir la excesiva carga de trabajo soportada por esta jurisdicción, fundamentalmente por causa de los litigios ban­carios

EL EFECTO SANTANDER

Y además hay un factor diferencial, que es el hecho de que la capital cántabra sea la localización del domicilio social (la sede formal y central de la empresa) del Banco Santander, lo que permite elegir si se acude a los juzgados de Cantabria o a otros para denunciar abusos.

LOS CASOS QUE LLEGAN

Casos que van desde la ineficacia de instrumentos financieros; la ejecución de títulos no judiciales contra consumidores, con formulaciones de motivos de oposición fundados en la existencia de cláusulas contractuales abusivas; la nulidad de condiciones generales de la contratación y cláusulas abusivas insertas en los contratos bancarios.

También llegan pretensiones declarativas de resolución de préstamos o créditos con garantía hipotecaria con defensa del consumidor a través de formulación de motivos de oposición en la contestación o a través de expresa reconvención; pretensiones de nulidad o indemnización de daños y perjuicios por la venta de acciones del Banco Popular Español, reclamaciones contra las entidades bancarias por cantidades entregadas a cuenta en la construcción de viviendas; o reclamaciones indemnizatorias por infracción del derecho al honor e intimidad por la inclusión indebida en un registro o fichero de solvencia patrimonial.

Y pretensiones de declaración de usura de préstamos o créditos celebrados con consumidores o falta de incorporación y transparencia, especialmente en lo que afecta al mercado de las tarjetas “revolving”, tarjetas de crédito presentadas como préstamos o fraccionamientos a través de la app.