El primero de los tres casos reseñados es un caso de asesinato. Según el escrito de la Fiscalía, los hechos tuvieron lugar en febrero de 2022 en Santander, tras una discusión entre la víctima y el acusado porque este había estado consumiendo cocaína y ella no quería que lo hiciera. Esa era una de las razones por las que la mujer le había acogido en su casa.

Tras la discusión, el hombre, “aprovechando su superioridad física, ató de pies y manos a la mujer con trozos de tela para que le dejara un rato en paz”.

Varias horas después, ya de madrugada, la víctima logra llamar al teléfono de emergencias, al que manifiesta que la tienen atada en su domicilio y la quieren matar y asfixiar.

“Se personan rápidamente varias dotaciones de la Policía Nacional en el edificio, llaman al timbre de la puerta, pero no reciben respuesta, si bien escuchan pisadas en el interior”, continúa el escrito de calificación fiscal.

Contactan entonces con una vecina para tratar de saltar de una casa a otra, pero desisten por riesgo de precipitación. Finalmente, acuden los bomberos.

Cuando acceden al interior del domicilio, el acusado les dice “ya me podéis llevar”, y encuentran a la mujer tumbada sobre las mantas de una cama con el cuerpo retorcido, las manos atadas, las piernas atadas y una tira de tela en el cuello.

Según la fiscalía, en el lapso de tiempo entre la llamada de la mujer y la entrada de los bomberos “el acusado, bien sabiendo que la víctima había solicitado ayuda urgente o porque lo tuviera pensado, en todo caso con evidente idea de causar la muerte, asfixia por sofocación y con sus propias manos a la mujer”.

Esta “apenas pudo mostrar mínima resistencia o defensa, pues tenía la movilidad reducida al máximo por la acción previa y consciente del acusado, quien le había atado las extremidades”.

Tras encontrar el cuerpo, dos agentes de policía custodian al acusado, que espontáneamente manifiesta que “no la aguantaba más, que estaba harto de ella, que le hacía la vida imposible y que le había rodeado el cuello con sus manos”.

Los hechos narrados constituyen, a juicio de la fiscalía, un delito de asesinato merecedor de una pena de veinte años de prisión y una indemnización para las hijas de la víctima de 85.200 euros.

La acusación particular que ejercen las descendientes coincide con el relato de hechos de la fiscalía, solicita la pena de prisión permanente revisable y eleva la cuantía de la indemnización a 110.760 euros.

La defensa, por su parte, argumenta que el acusado la ató “con la única finalidad de consumir droga y después desatarla”.

Añade que cuando la policía llegó a la vivienda y empezó a llamar al timbre y a golpear la puerta, para que la mujer “no gritara y no la oyera la policía procedió a taparle la boca hasta que la policía se marchara, y con la intención de después dejar a la mujer, no siendo consciente de lo que hacía por su grave enfermedad mental y el consumo inmediato de cocaína”.

Por tanto, la defensa califica los hechos como un homicidio con la concurrencia de la eximente incompleta de alteración psíquica y/o la atenuante de drogadicción.

Procedimiento contra un acusado de intentar matar a su mujer y a su hija

En otro de los juicios, el ministerio fiscal relata en su escrito que, en diciembre de 2021, el acusado se encontraba en la vivienda familiar en Castro Urdiales, cuando, “de forma sorpresiva, repentina y sin previo motivo o discusión, con ánimo de quitarle la vida, se abalanzó por detrás sobre su esposa, agarrándola del cuello con ambas manos y comenzó a asfixiarla”.

Entonces ambos cayeron al suelo sin que el acusado la soltase, mientras que la mujer empezó a dar patadas para librarse del acusado, una de las cuales impactó contra el horno, ante lo que la hija menor del matrimonio, de doce años de edad, acudió a la cocina.

La mujer logró zafarse del acusado y este cogió un cuchillo “que, sin embargo, procedió a depositarlo inmediatamente después, no haciendo uso del mismo”.

A continuación, “el acusado siguió a su hija hasta el salón y, con igual intención, la agarró por el cuello, apretándole, con el objeto de asfixiarla, hasta que, por intervención de la esposa que se abalanzó sobre él, procedió a soltarla”. Las dos mujeres aprovecharon ese momento para salir a la terraza y pedir auxilio.

Añade en su escrito la fiscalía, que dos semanas antes de estos hechos, el acusado agarró por el cuello a su esposa, quien perdió el conocimiento.

Los hechos constituyen, a su juicio, un delito de asesinato en grado de tentativa, otro delito de homicidio en grado de tentativa y un delito de violencia de género, merecedores de 24 años de prisión, prohibición de comunicar y acercarse a su esposa durante 27 años y la misma medida hacia su hija durante 19 años.

Juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija menor de edad

Y en el tercero, según el escrito de la Fiscalía, el acusado, “con idea de satisfacer sus instintos sexuales”, realizó en varias ocasiones tocamientos a la menor por debajo de la ropa. En una ocasión incluso se bajó los calzoncillos y restregó su pene por el trasero y la vagina de la niña.

Los hechos constituyen un delito continuado de abuso sexual a menores de 16 años, merecedor, a juicio de la fiscalía, de seis años de prisión, prohibición de comunicar y acercarse a la menor durante cinco años, inhabilitación para cualquier oficio que conlleve relación de menores durante otros cinco años y libertad vigilada tras la salida de prisión de ocho años.

En concepto de responsabilidad civil, la fiscalía considera que el acusado debe indemnizar a la representante legal de la niña en 5.000 euros por los daños morales que le ha causado.

La acusación particular, por su parte, coincide con la pena solicitada de 6 años de prisión y eleva el alejamiento y la prohibición de comunicación a dieciséis años. Pide asimismo ocho años de libertad vigilada y once años de inhabilitación para desempeño que conlleve contacto con personas menores de edad. Como indemnización, solicita 6.000 euros.