Enmarcada dentro de la presidencia Española de la Unión Europea, se celebrará en la Universidad Laboral de Gijón, los próximos días 14 y 15 de una reunión de los ministros europeos de Vivienda y Urbanismo.

Ante esta cita, representantes de colectivos de viviendas de todo el país, y entre ellos de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) de Santander participarán en una acción para hacer visible la crisis de vivienda y el incumplimiento de los derechos humanos que supone.

Así, se celebrará una rueda de prensa en la entrada principal del recinto de la Laboral para trasladar a los medios que recojan la cita europea todas estas cuestiones, tratando así de contrarrestar los discursos desinformadores y la falta de referencias en medios a la crisis de vivienda (desde los aspectos económicos y sociales hasta los suicidios de las víctimas), frente al sobredimensionamiento informativo de las ocupaciones.

Cuatro demandas por ocupación y 48 desahucios entre abril y junio

Allí se reivindicará, inicialmente, que se tomen más medidas urgentes y se consoliden las establecidas temporalmente por el Gobierno progresista, primero por la pandemia y luego por la guerra en Ucrania, de forma que pasen a formar parte del sistema de protección institucional.

También ven necesarias medidas de choque ante una situación que “cada día es más agobiante, terminal para un puñado de familias cada mes”.

En concreto, enumeran problemas como los “ilegales” contratos hipotecarios de los bancos, “aplaudidos por los partidos de la derecha”, la “inequidad de la gran mayoría de los Juzgados”, el incumplimiento legal de los desahucios sin alternativa habitacional provocados conjuntamente por Juzgados y Ayuntamientos, la falta de control de los precios de venta y alquiler “a causa de las políticas de los gobiernos autonómicos de ultra derecha y derecha ultra”, o “los errores de la política económica europea que, auspiciados por la derecha gobernante, insisten en el austericidio”.

“Es necesario consolidar el escudo social existente de forma estructural y no continuar sus agónicas prórrogas que llevan a la desesperación a tantas familias”, reclaman, para que  aplicar la justicia no se convierta en un “regalo de fin de año, después de haber destruido cualquier atisbo de felicidad navideña”.

Del mismo modo, consideran “inconcebible” no afrontar que la prórroga de desahucios que termina en mayo de 2024 y en la que sobreviven más de medio millón de personas, no se convierta también en definitiva.

Sobre todo, añaden, mientras existan 3,8 millones de viviendas vacías  “cuyo único fin es el especulativo”, mientras las leyes estatales sean “esquivadas” por los gobiernos autonómicos, mientras los ayuntamientos “incumplan sus obligaciones sociales” y  “las fuerzas represoras del Estado empleen métodos ilegales y fuerza desproporcionada en los lanzamientos”.