Una representación de las diversas asambleas de la PAH en todo el país se manifestó este miércoles en Gijón a la puerta de la Universidad Laboral, en cuyo recinto se estaba celebrando una reunión de los ministros de la UE para tratar asuntos referentes a vivienda y urbanismo.

A la cita, en medio de un fuerte despliegue policial, acudieron representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Santander, que en su intervención puso “cara y nombre” al “sufrimiento” que causa la crisis de vivienda causada por los bancos.

Así, recordaron casos como el de las dos hermanas de la calle Burgos de Santander, encontradas muertas en su vivienda, sin llegar a conocer que se había logrado la suspensión de su desahucio. La PAH cargó contra la “inoperancia” del Ayuntamiento de Santander, que, recuerda, cuenta con 2.500 viviendas vacías.

También les recriminan la “inoperancia” para conseguir un alquiler social a Jennifer, una joven madre de dos niñas de 3 y 7 años, vecinas de la calle Isla de Cuba, por un desahucio propiciado desde un fondo ligado a la empresa ASCAN, además de llamar la atención sobre la implicación de justicia y fuerzas policiales en lo sucedido.

La PAH Santander recordó que estar allí no era el único frente abierto en ese mismo día, en el que otros miembros del colectivo –junto a representantes de otras organizaciones– estaban apoyando a Borja y Javi, dos activistas que se enfrentaban en ése momento a una petición de penas de dos años de prisión por defender los derechos humanos, el marco legal establecido e intentar, como escudos humanos, impedir el desahucio de una familia en Astillero hace 3 años.

Procedimiento en el que, advierten, se ha dado pábulo al “hecho” de que algún agente resultó lesionado cuando, , con otros policías, metieron a un chico en el portal para desconocidas acciones, “dejando sin credibilidad a las declaraciones y pruebas aportadas por todos los presentes”, denunciándole por agresión a él.

La PAH Santander señaló, además, la inexistencia de protocolos de actuación en los Ayuntamientos ante los desahucios, así como la realización de dichos lanzamientos sin que exista una alternativa habitacional para los afectados, tal y como establece sin ambages el marco legal, la Constitución y los Derechos Humanos. Incumpliendo así, tanto los diferentes órganos de las Administraciones Locales como los Jueces, la Dirección General de Vivienda y los Ayuntamientos, las normativas y leyes vigentes.

Desde la PAH lamentaron que todos estos “datos reales con nombres y apellidos, rostros y lágrimas, no se trataría en la cumbre que reúne a España con unos países con una realidad tan distinta a la nuestra y que nos sitúa a la cola de la vivienda social construida, con un 2,5%, mientras hay otros, como Países Bajos, con el 30%”.

Por su parte, la portavoz de la PAH estatal hizo hincapié en la necesidad de instaurar de forma estructural el “escudo social” de protección a colectivos desfavorecidos, no mantenerlo supeditado a prórrogas que suponen una agonía, por la incertidumbre que suponen (de forma especial coincidiendo con las celebraciones navideñas), a aquellas personas que se encuentran bajo su protección.

A pregunta de la prensa, la portavoz también informó de que a pesar de este “escudo social”, el número de desahucios sufridos el pasado año fue de 38.000.