STEC denuncia servicios educativos externalizados cuyos trabajadores “no llegan a fin de mes”

Aseguran desde el sindicato que labores fundamentales como las de las Técnicos Superiores de Educación Infantil (TSEIs) o el Refuerzo Educativo Complementario (PREC) están precarizadas hasta límites insostenibles
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El sindicato STEC denuncia que el proyecto de presupuesto de Educación para el año 2024 «no muestra ningún compromiso gubernamental con la Educación como ha querido venderse, al contrario: si descontamos lo referente a la nueva competencia de Universidades, supone el menor incremento en el último lustro (2’8%). Eso sí, mientras se reduce el gasto en funcionamiento de centros o (casi a la mitad) la partida de inversiones, aumenta en 10 millones los conciertos a la Privada».

Desde STEC recuerdan que han planteado varias propuestas con memoria económica, de incorporación a los Presupuestos de distintas partidas para la extensión de la bajada de ratios a todas las etapas, la adecuación retributiva y horaria, un complemento para el profesorado de FP que no se haya podido integrar en el grupo A1 que garantice el principio de “igual trabajo, igual salario”, la extensión de las aulas de 1 año con pareja docente (maestro y TSEI), mejora de las rutas de transporte escolar… y progresos para las TSEI y otros trabajadores de servicios “externalizados” como el PREC (Proyecto de Refuerzo Educativo Complementario).

Explican desde el sindicato que el Proyecto de Refuerzo Educativo Complementario cumple este curso 20 años en colegios e institutos, «desarrollando una labor fundamental para el alumnado con obstáculos en su aprendizaje y/o en su entorno social o familiar. Por las tardes, durante 2 horas diarias, en grupos de enorme complejidad porque juntan alumnado con dificultades de distintos cursos y materias, se trabaja para reforzar y mejorar el proceso de aprendizaje y los resultados académicos».

Sin embargo, denuncian que esos 300 trabajadores, «con formación universitaria y un desempeño fundamental contra el fracaso educativo, están cobrando menos de 2300 € ¡al año!, menos por hora de lo que se cobra en una clase particular individualizada, cuando están trabajando con una decena de alumnos a la vez. De esta forma, gastan la mayor parte de su salario simplemente en la gasolina de desplazarse al centro cada día. Lógicamente, cuando se encuentra cualquier otro empleo, el trabajador abandona el PREC, impidiendo cualquier estabilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de estas sesiones».

La razón, según afirman es que se trata de un servicio externalizado, «esto es, en manos de una empresa como la castellana Aresti Barca, que se queda buena parte de los fondos simplemente por seleccionar al personal e impartir un curso de 10 horas de formación telemática. De hecho, el año que decayó la empresa gestora, el salario de los docentes pasó a duplicarse largamente».

PROPUESTA DEL STEC

Lo que el STEC propone es que este servicio se gestione desde la propia administración pública de modo que la partida íntegra recaiga en sus trabajadores y trabajadoras, para estar remunerada dignamente.

También denuncian que hay  Técnicos Superiores de Educación Infantil que no llegan al Salario Mínimo Interprofesional.  «Un empleo muy feminizado, llevan a cabo una función asistencial y educativa en las aulas de 1 y 2 años del primer ciclo de Educación Infantil. Para desarrollar esa labor, han estudiado un Grado Superior».

El problema en este grupo es que, «pese a que todas ellas realizan las mismas funciones en el mismo horario, su contratación está dividida entre la Sociedad Regional de Educación (dependiente de la Consejería), ayuntamientos, otra consejería (Presidencia) y también empresas en las que se ha externalizado el servicio, como la asturiana Kiriku».

Nuevamente denuncian que son las trabajdoras dependientes de la empresa privada las que peores condiciones tienen, «sobreviviendo con menos de 1000 euros al mes, sin ninguna atribución horaria para coordinar las labores educativas».

Desde el STEC entienden que el primer paso «es unificar ese galimatías administrativo que sólo beneficia a la empresa privada que explota a las trabajadoras, en una gestión única con condiciones mejoradas.
Nuestro sistema educativo, con cuya importancia y calidad la clase política se llena la boca, no puede permitirse estas sombras de gravísima precariedad, cuyos trabajadores y trabajadoras apenas llegan a fin de mes».

 

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