Activistas de Amnistía Internacional y la Coordinadora de ONGDs se han reunido junto al monumento a los raqueros para hacer visible su profunda preocupación por la guerra en Israel/Palestina y para difundir la carta abierta que, junto a la Asociación Española de Investigación para la Paz y Futuro en Común, han dirigido al presidente Pedro Sánchez y a todas las fuerzas políticas españolas sobre la terrible situación en Israel, Gaza y Cisjordania.

Terminado el acto, han arrojado al mar doce claveles blancos en recuerdo de todas las víctimas de este largo conflicto

CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO Y A TODAS LAS FUERZAS POLÍTICAS DE ESPAÑA

Las organizaciones sociales firmantes de esta carta nos dirigimos al presidente del Gobierno en funciones, en el marco de la presidencia del Consejo de la Unión Europea, y a todas las fuerzas políticas de España en relación con los horribles acontecimientos que se están desarrollando en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, así como la respuesta de la Unión Europea (UE).

Condenamos inequívocamente los ataques perpetrados por Hamás en Israel; estamos horrorizadas por esta ofensiva sumamente violenta. Hamás y otros grupos armados cometieron crímenes de guerra que no pueden justificarse bajo ninguna circunstancia. Los atacantes mostraron un escalofriante desprecio por la vida humana al llevar a cabo ejecuciones sumarias, secuestros y toma de rehenes civiles, y lanzar ataques directos y miles de cohetes de forma indiscriminada contra Israel.

Todos los responsables de estos actos deben comparecer ante los tribunales correspondientes en juicios justos. Pero la respuesta de Israel no puede traducirse en un ataque colectivo a la población civil de Gaza. Un ataque indiscriminado, dirigido a más de dos millones de personas, que demuestra el mismo escalofriante desprecio por la vida humana que pretende combatir.

Estamos profundamente preocupadas por las graves violaciones del derecho internacional y del derecho internacional humanitario (DIH), incluidos los crímenes de guerra cometidos por todas las partes en el conflicto y, en particular, por la crisis humanitaria sin precedentes que sufre Gaza (el 80% de la población gazatí ya recibía ayuda humanitaria con anterioridad a esta escalada militar). Como responsables políticos de un Estado miembro de la Unión Europea, les recordamos que sus acciones tienen importantes consecuencias para las vidas de millones de personas palestinas e israelíes, así como para la percepción de la UE como un actor imparcial comprometido con los derechos humanos en todo el mundo.

Actualmente, la Franja de Gaza, que está bajo el bloqueo ilegal de Israel desde 2007 y bajo ocupación desde 1967, sufre una desesperada crisis humanitaria que afecta a más de 2,2 millones de personas atrapadas en la “mayor cárcel del planeta a cielo abierto”, como la ha denominado la ONU en reiteradas ocasiones. El pasado 9 de octubre, los funcionarios israelíes anunciaron un asedio total a Gaza, bloqueando la entrada de alimentos, combustible y asistencia humanitaria, y cortando el suministro de electricidad y agua, en medio de una campaña de bombardeos masivos, causando miles de muertes civiles, el terror, la destrucción de viviendas e infraestructuras y una catástrofe humanitaria sin precedentes. El 13 de octubre, el ejército israelí ordenó a la población del norte de Gaza y de la ciudad de Gaza, incluido el personal médico y pacientes hospitalizados, que “evacuaran” la zona y se dirigieran al sur de la Franja de Gaza. Esta orden no puede considerarse una advertencia eficaz y puede constituir un desplazamiento forzoso de la población civil, y, en consecuencia, una violación del derecho internacional humanitario.

El ejército israelí ha instado a los hospitales y a las organizaciones humanitarias internacionales en el norte de Gaza a reubicar rápidamente a las personas en el sur. Esto es imposible, sin transporte ni combustible, y pone en riesgo a las personas civiles, en particular a las niñas y niños, las personas enfermas y ancianas, las mujeres embarazadas y las personas con discapacidad. Las órdenes de evacuar hospitales, que ya están al borde del colapso, son inaceptables.

Según los datos de Amnistía Internacional, desde el 7 de octubre en Israel han sido asesinadas, al menos, 1.400 personas y 5.431 han resultado heridas, mientras que en la Franja de Gaza son al menos 6.546 las personas asesinadas, entre ellos 2.704 niños y niñas, según el Ministerio de Salud palestino en Gaza. Más de 17.439 han resultado heridas y más de 2.000 cadáveres siguen atrapados bajo los escombros. Aunque se informa menos, en la ocupada Cisjordania, incluida Jerusalén Este, en las últimas dos semanas al menos 102 personas palestinas han sido asesinadas, incluidos 21 niños y niñas, alcanzado la cifra de 1,889 las heridas por fuerzas militares y colonos israelíes. Muchas de estas víctimas son, una vez más, civiles. A día de hoy, más de 1.000.000 de personas se han visto forzadas a desplazarse de sus hogares buscando un refugio seguro que no existe; 493.000 de ellas son mujeres, miles de ellas embarazadas.

Manifestamos nuestro horror ante la pérdida de vidas en el Hospital Árabe Al Alhi. Es imprescindible que esas terribles muertes se investiguen y que los responsables rindan cuentas.

Las consecuencias de esta crisis trascenderán el ámbito local. Existe un riesgo elevado de regionalización e internacionalización del conflicto, con el peligro que esto supone en un contexto geopolítico global sumamente agitado. Ni España, ni la Unión Europea pueden volver la cabeza ante tal situación.

La guerra entre Israel y Hamas no comenzó el pasado 7 de octubre. Israel tiene un largo historial de cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluso al imponer un sistema de apartheid a la población palestina durante décadas, con impunidad. Las responsabilidades deben ser investigadas y juzgadas. Las violaciones y crímenes de guerra cometidos por grupos armados y fuerzas de seguridad palestinas,tampoco pueden quedar impunes, deben ser investigados y juzgados. El clima generalizado de impunidad, la incapacidad y falta de voluntad política de la comunidad internacional para hacer cumplir las resoluciones de Naciones Unidas ha socavado la confianza en las normas y principios del derecho internacional. España y la UE ahora tienen un papel importante que desempeñar para revertir el desprecio del derecho internacional y promover procesos de construcción de paz.

Por otro lado, nos preocupa profundamente que varios Estados miembros de la UE hayan adoptado restricciones al derecho de reunión pacífica, limitando las expresiones de solidaridad con las y los palestinos, lo que constituye una limitación grave y desproporcionada al derecho de protesta. También es muy preocupante que algunos países europeos hayan retirado sus fondos de cooperación a Palestina y otros amenacen con hacerlo. En ningún caso puede usarse la congelación de la ayuda, tanto humanitaria como de desarrollo, como sanción contra Hamás, porque acciones de este tipo tendrían consecuencia directa en la población civil palestina y serían contrarias a la

Resolución 2664 (2022) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que prevé excepciones humanitarias a las sanciones internacionales. Alertamos, además, del riesgo del incremento de los discursos de odio contra las comunidades árabe y judía; la promoción de la convivencia, el respeto y la garantía de la libertad de culto son piezas esenciales de cualquier democracia.

En vista de todo lo anterior, instamos a las fuerzas políticas españolas, y especialmente al Presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en el marco de la presidencia de la UE a:
• Presionar al Estado de Israel para que levante su bloqueo ilegal de la Franja de Gaza, garantizando que todas las personas residentes tengan acceso a alimentos, agua, combustible y suministros médicos, así como ayuda humanitaria y electricidad: es vital que desde España se deje claro a los líderes israelíes que el castigo colectivo es un crimen de guerra.
• Demandar un alto el fuego inmediato por todas las partes en la Franja de Gaza ocupada e Israel para evitar más pérdidas de vidas civiles y garantizar el acceso a la ayuda vital para la población de Gaza en medio de una catástrofe humanitaria sin precedentes.
• Acelerar los esfuerzos, en colaboración con socios regionales y globales, para garantizar la entrega de ayuda humanitaria a Gaza y permitir que quienes la necesitan accedan a asistencia médica, incluso fuera de la Franja de Gaza.
• Pedir a Israel que rescinda inmediatamente la orden de que todas las personas civiles en el norte de Gaza, incluido el personal médico y los pacientes en hospitales, se trasladen a la parte sur de la Franja. Esta orden de evacuación podría ser calificada como crimen de guerra.
• Recordar a todas las partes que deben respetar las normas del derecho internacional y del Derecho Internacional Humanitario, incluida la prohibición de ataques directos contra civiles y bienes de carácter civil, ataques indiscriminados y desproporcionados, castigos colectivos, utilización de la violencia sexual, uso de armas que no discriminan entre objetivos militares y población civil, toma de rehenes y secuestro de civiles, que constituyen crímenes según el derecho internacional.
• Demandar la liberación inmediata de las personas civiles secuestradas. Todas las personas deben recibir un trato humano y asistencia médica.
• Pedir enérgicamente a todas las partes en el conflicto que se abstengan de realizar operaciones militares que sean perjudiciales para el acceso seguro de la población civil a la asistencia humanitaria y la atención médica.
• Apoyar inequívoca e incondicionalmente el trabajo de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Palestina. En 2021, la CPI abrió formalmente una investigación sobre la situación en Palestina, en relación con crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte, cometidos desde junio de 2014. La Oficina del Fiscal de la CPI ha confirmado que este mandato incluye crímenes de derecho internacional cometidos por todas las partes en los combates actuales.
• Promover, en el seno de la ONU, un embargo de armas integral a todas las partes en el conflicto, dado que se están cometiendo violaciones graves que constituyen crímenes de derecho internacional. También, de acuerdo con las normas internacionales, europeas y españolas sobre la materia, debe suspender las licencias para la exportación de armas españolas a Israel y de material militar, incluidas tecnologías, piezas y componentes conexos, asistencia técnica, capacitación, asistencia financiera o de otro tipo. También deben exigir a los Estados que suministran armas a los grupos armados palestinos que se abstengan de hacerlo.
• Promover y garantizar la libertad de expresión y de reunión de quienes defienden los derechos de las personas, así como de quienes defienden los procesos de diálogo y construcción de paz en torno al conflicto. Lo anterior implica abstenerse de introducir restricciones graves y desproporcionadas a la libertad de expresión y de reunión e instar a los Estados de la UE que las han introducido a levantarlas.
• Asegurar una financiación estable y flexible de los Territorios Palestinos Ocupados, aumentando la destinada a la respuesta humanitaria en este momento y manteniendo a medio y largo plazo, además de la ayuda humanitaria, la que promueve el desarrollo a largo plazo. Esta financiación debe acometer tanto a nivel estatal como europeo, destinarse a los diferentes actores humanitarios y de desarrollo implicados, y hacerse desde una mirada de triple nexo, de manera que permita tanto acciones coordinadas para responder a la crisis humanitaria, como sentar las bases para la construcción de una paz duradera y un desarrollo sostenible para la población palestina.
• Promover por todas las vías posibles la solución pacífica al conflicto palestino-israelí conforme a las resoluciones de Naciones Unidas, además de promover la construcción de la paz y el fomento de la convivencia.
• Respaldar el trabajo de Naciones Unidas y a su secretario general, António Guterres. Valoramos positivamente la posición de Pedro Sánchez en este sentido y confiamos que la UE y sus Estados miembros sigan sus pasos.

Es urgente que el Gobierno de España, en el marco de la presidencia de la UE y todas las fuerzas políticas, se comprometan públicamente en impulsar que en el seno de las Naciones Unidas, la Unión Europea y los Estados miembros se adopten con urgencia las medidas señaladas y se asegure el respeto al derecho internacional, el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Las personas civiles seguirán pagando un alto precio mientras no se aborden las violaciones e injusticias que son las causas profundas del conflicto y no se brinde justicia y reparación a las víctimas. Las normas internacionales que protegen los derechos humanos deben ser cumplidas; los procesos de construcción de paz deben avanzar en la dirección adecuada. No hacer nada en este sentido supondrá graves consecuencias no solo para la población directamente afectada por este conflicto, sino para la humanidad en su conjunto.