La Policía Local de Astillero detuvo este miércoles a un sospechoso por violencia de género y por un delito contra la salud pública por tenencia de estupefacientes supuestamente para su distribución.

La actuación fue posible gracias a la llamada de un vecino, que avisó de que se estaba produciendo la agresión en dicho momento.

La intervención tuvo lugar cuando un vecino de Boo dio aviso telefónico de que se estaba agrediendo a una mujer en el interior del domicilio cercano. Personada la patrulla, y tras escuchar desde el exterior expresiones y ruidos compatibles con una agresión, procedió a la detención del varón por un delito de maltrato en el ámbito de la violencia de género tras comprobar que es pareja afectiva de la mujer agredida.

Desde el Ayuntamiento, Vicente Palazuelos, concejal de Seguridad Ciudadana, destacó «la colaboración del vecino que dio la alerta, ya que sin la misma no habría sido posible aflorar la violencia sufrida por la víctima» e instó a la ciudadanía a que se siguiere con ese ejemplo de colaboración.

El caso, de ayer mismo, es un ejemplo de un cambio de tendencia en la lucha contra la violencia de género.

Era uno de los grandes lastres en la lucha contra la violencia de género, aquella que sufren las mujeres a manos de sus parejas y que venía precisamente por ese factor que trataba de reducir las agresiones a cuestiones de la vida privada que se ceñían sólo a las paredes del hogar.

El 016 es el teléfono de atención a las víctimas de violencia de género. No aparece en la factura, pero sí hay que borrarlo del listado de las llamadas realizadas desde el móvil

Esta visión, que cuesta entender para otros delitos, limitaba el campo de actuación de la red de protección tejida para proteger a las víctimas (justicia, servicios sociales, asociaciones…) a que fuera la mujer la que cargara sobre sus hombros el peso de dar el primer paso.

 El cambio de tendencia lo atisbaba la memoria judicial del año pasado, elaborada por el TSJC.

En ella se reflejaba como la Oficina de Atención a las Víctimas, servicio que depende de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria y que trabaja estrechamente en el día a día con los juzgados de la comunidad, ha detectado en los dos últimos años que suben las denuncias sobre la violencia de género que afecta a mujeres mayores y que proviene de su entorno social o familiar  (hijos, nueras, cuidadores, vecinas, etc.). Esos entornos, que conviven y perciben estas situaciones, están cobrando mayor sensibilización sobre los malos tratos dentro del matrimonio como un acto denunciable y punitivo, esto es, como algo que puede llevarse a los juzgados.

En detalle, de las 2.218 denuncias registradas en los juzgados de violencia sobre la mujer de Cantabria, el 61,9 por ciento fueron presentadas por la propia víctima; el 17,2 por ciento de esas denuncias llegó al órgano judicial a través de servicios asistenciales o terceros en general; el 10,8 por ciento por intervención policial; el 16,8 por ciento por un parte de lesiones remitido al juzgado, y el 3,3 por ciento a través de familiares.

Más reciente, es otro dato que llega también del poder judicial, de la memoria que cada trimestre recopila el TSJC, y es que el 46,1 por ciento de las denuncias que llegan al Juzgado de Violencia de Género lo hacen por vías ajenas a la propia víctima: o por intervención policial, o por denuncia de un familiar, o por un parte de lesiones o por servicios asistenciales y terceros en general.

En cualquier caso, colectivos como Consuelo Berges llevan tiempo advirtiendo de que, en cualquier caso, es importante que la denuncia no sea un fin en sí mismo, sino que vaya acompañada (incluso aunque no se produzca) de una independencia o autonomía económica o social de la víctima para que sea capaz de romper la relación.