Puede parecer una huelga silenciosa, y no sólo por la poca visibilidad en medios, sino porque los abogados del turno de oficio, aquellos que prestan la asistencia jurídica gratuita –un servicio público, un derecho ciudadano-, no paran una fábrica de golpe, sino que la propia dinámica de su trabajo hace que se vaya suspendiendo juicio a juicio.

Pero llevan desde el 21 de noviembre en esa dinámica, desde que el sindicato Venia convocó la huelga indefinida ante la “situación límite” por la que atraviesan: retribuciones sin actualizar y con retrasos, que se suman a muchos otros problemas de su labor que, aunque sea gratuita para el ciudadano, como forma de trasladar ese derecho a la asistencia legal gratuita para quienes no pueden pagarse un gran despacho, a ellos les supone horas de su tiempo y jornada que deben ser retribuidas.

A la propia convocatoria de huelga indefinida se han sumado concentraciones, como la de Madrid, o una reciente en Santander, con su propio villancico reivindicativo. En el día a día de los juzgados, esto se traduce en la suspensión de los juicios programados, con la excepción (sus servicios mínimos), de aquellos casos más sensibles, como la asistencia a a detenidos, menores y víctimas de violencia.

Sus reivindicaciones comenzaron ya la pasada legislatura, y lo que se temen es que medidas como la reciente aprobación de un Reglamento sobre la asistencia jurídica gratuita en Cantabria hace unos meses (“inútil” e “insuficiente”, hasta el punto de que se ha “desechado” e iniciado la redacción de uno nuevo), así como la constitución de la “enésima mesa de de trabajo cargada de las habituales buenas intenciones de siempre” lo que hace en el fondo es “eternizarles” en un “bucle de trámites administrativos” de cuyos plazos desconfían.

La también reciente instalación de una placa en reconocimiento de su labor no les basta, mientras el gasto por habitante en Cantabria les sitúa un 15% por debajo de la media nacional.

Los juzgados responden “con solidaridad y comprensión del problema” y piden que se traslade a lo político, con una reunión que piden con la consejera de Presidencia, Justicia y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, en quien recae esta gestión, toda vez que tampoco sienten el apoyo de su Colegio profesional.

“Luchamos por una asistencia jurídica gratuita, como servicio público de calidad, tanto para el ciudadano que lo recibe, como para los profesionales que lo prestamos”, recuerdan.