El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández, ha registrado una moción al próximo Pleno del mes de enero en la que concreta la exigencia de depuración de responsabilidades en el equipo de Gobierno del Partido Popular tras la última sentencia contra el Consistorio por su enfrentamiento contra la empresa de Parques y Jardines.

De esta manera pedirá, en el Pleno del próximo jueves 15 de enero, la reprobación de la alcaldesa, Gema Igual, y la concejala de Medio Ambiente y teniente de alcalde, Margarita Rojo, así como el cese de la directora general de Medio Ambiente, Belén Domínguez, ha informado el Grupo Municipal Socialista en un comunicado.

«Lo que no puede ser es que el PP pida ceses en otras administraciones y en Santander nunca dimita nadie», censura Daniel Fernández, que insiste en que las sentencias contra el Ayuntamiento por los conflictos con las empresas de los principales servicios públicos, recogida de basuras y parques y jardines «tendrán un coste para las arcas públicas nunca inferior a los 13 millones de euros» entre cantidades a devolver a las empresas por retenciones mal practicadas, intereses de demora y costas judiciales.

De esta manera, apunta que «un despilfarro de esta magnitud debe llevar aparejada la determinación de responsabilidades», que se inician con la «máxima autoridad», que es la alcaldesa, Gema Igual, que aprobó el Plan de Acción derivado de un informe del interventor que se ha demostrado erróneo».

Fernández subraya que la alcaldesa «elevó la cuestión a conflicto público atacando públicamente la reputación de las empresas prestatarias, a las que acusó de forma injusta de irregularidades e incumplimientos, así como al jefe de servicio de Parques y Jardines, que fue apartado y no ha sido restituido cuando las sentencias le están dando la razón».

Respecto a la concejala de Medio Ambiente, el portavoz socialista señala que fue ella — según esta última sentencia– quien impulsó el expediente de daños y perjuicios que ha sido anulado.

Y en cuanto a la directora de Medio Ambiente, de quien pide su cese, recuerda que es un alto cargo del Partido Popular desde el año 2006 y la responsable de todos los grandes contratos públicos de la ciudad. «Ha tenido una gran responsabilidad en el convulso devenir de los contratos de limpieza viaria, recogida de basuras y mantenimiento de playas, así como el de parques y jardines», expresa la moción.

Actuación «inadmisible»

En su exposición de motivos, la moción explica que la última sentencia anula la reclamación de 3,2 millones de euros por daños y perjuicios que la Justicia considera «inadmisible», por «la propia contradicción del PP que durante el contrato (2012-2018) no puso objeción alguna y con el servicio en precario inició una apariencia de fiscalización que no tuvo base ni sentido».

Según el PSOE, la sentencia «acredita con total claridad todos y cada uno de los vicios en la actuación municipal, con claras semejanzas que apunta el juez entre la judicialización del servicio de basuras y la de parques y jardines», por la «nula fiscalización» durante el contrato y un «intento extemporáneo de aparentar el control», con sanciones «fuera de lugar».

Y agrega que esta resolución judicial «a buen seguro se interpretará a favor de la UTE en los pleitos y recursos pendientes». «No se puede sostener, por lo tanto, como intenta la alcaldesa y el equipo de Gobierno del PP, que esta actuación no va a tener un coste para las arcas municipales», recalca el portavoz socialista.

Fernández subraya que la sentencia es un «nuevo varapalo» al equipo de Gobierno del PP, que se añade a la sentencia del mes de septiembre que obligó a devolver 2,3 millones de euros por retenciones indebidas y otros 600.000 euros en intereses, además de las costas judiciales, y recuerda que PSOE, PRC e IU-Podemos ya pidieroN al PP revisar los criterios en el asunto.