Santander ‘tira’ de fondos europeos para financiar los primeros pasos de la zona de bajas emisiones que la Ley fijaba para 2023
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha aprobado en su reunión de hoy el expediente para contratar el servicio de implantación de una plataforma de gestión y control de la zona de bajas emisiones (ZBE), por un presupuesto de 2.325.926,26 euros.
Junto a la instalación completada de las nuevas estaciones de calidad del aire en diez zonas de la ciudad, es lo más parecido a un primer paso para la implantación de estas Zonas, que no suponen corte total del tráfico en las ciudades, sino restricciones parciales en calles céntricas del modo (horarios, vías, vehículos) en que se defina desde la propia institución.
Es una actuación que el Ayuntamiento había ido postergando pese a que era una obligación legal fijada en la Ley del Cambio Climático, del Gobierno central, esgrimiendo argumentos como que no se estaba a favor de restringir sin control (cuando el margen, el detalle, de cómo hacerlo le correspondía al Consistorio), planteando si era necesario (era obligatorio), la falta de información previa (como estos sensores que, como se comprueba ahora, le correspondía instalar a ellos) e incluso sembrando dudas sobre su inclusión entre los municipios afectados (la Ley dejaba claro que era a partir de 50.000 habitantes).
Pese a estos retrasos en la aplicación de la Ley, la aceleración de plazos para su implantación en el propio 2023 fue invocada por informes municipales para adjudicar, de urgencia, y a finales de año (el 28 de diciembre, es decir, ya prácticamente acabado ese 2023 al que se aludía), el contrato de la conexión eléctrica de los paneles informativos en 60 paradas de autobús,
Ese contrato de urgencia fue adjudicado a Chispas después de que fuera la única aspirante, y eso a pesar de que se cambiaron los pliegos, a sugerencia de empresas del sector, para que se presentarán más empresas al concurso.
Un proceso cuya urgencia también se justificó en la importancia de no perder fondos europeos (de cuya llegada a ciudades gobernadas por el PP dudó el partido a nivel estatal, en un acto en Bruselas al que acudió la propia alcaldesa, Gema Igual). Esos mismos fondos europeos permitirán financiar estos primeros pasos de la Zona de Bajas Emisiones en Santander, superado de sobra el plazo legal para su implantación.
EL CONTRATO
En concreto, esta licitación (es decir, el primer paso, aún no está adjudicada) se enmarca dentro de las actuaciones del proyecto ‘Fomento de la movilidad sostenible, impulso del cambio modal y mejora de la accesibilidad peatonal de Santander’ con el que el Ayuntamiento optó a la segunda convocatoria de fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y para el que ha recibido un total de 6.652.302 euros.
Este sistema estará dotado de un conjunto de herramientas que comprueben el respeto de las restricciones de la ZBE, una vez queden establecidas y aprobadas en una ordenanza municipal que establezca el ámbito, la operativa en función de la clasificación ambiental de los vehículos, etc.
Para controlar el acceso de los vehículos que circulan por la ZBE, el contrato incluye 20 puntos de control de accesos basados en cámaras inteligentes de lectura de matrículas con sus correspondientes acometidas, que se instalarán una vez se conozcan las necesidades reales fruto de los informes ambientales.
El plazo máximo de suministro, montaje y puesta en servicio será de 8 meses a contar desde la fecha de formalización del contrato, mientras que el plazo de mantenimiento y gestión será de 5 años.
La empresa licitadora deberá ocuparse también de los equipamientos para comunicar, por fibra óptica, esos tránsitos hasta el CPD municipal donde se implantarán los sistemas de gestión.
Igualmente, este contrato prevé los servidores del CPD municipal y la plataforma software de gestión de control de accesos; instalación y configuración de la base de datos; integración de las cámaras actuales y de la información de la red de sensores para la monitorización de la calidad del aire y la contaminación acústica; así como una campaña de información al ciudadano sobre el funcionamiento de la futura ZBE.
