El Plan de Vivienda constata el impacto de los precios en el envejecimiento de la ciudad y en el incremento de la vulnerabilidad de los inquilinos
El Ayuntamiento de Santander presentaba ayer el Plan de Vivienda con el que pretende abaratar los precios de la vivienda en la ciudad a través de un conjunto de medidas que pasen por incrementar el parque de vivienda, las viviendas protegidas y las sociales o los planes para el alquiler, además de la apuesta por la rehabilitación y eficiencia energética de lo ya existente, tal y como se puede consultar en su propio resumen.
El documento incluye también un diagnóstico del estado de la vivienda en la ciudad, en cuanto a números y años (sin entrar en el plan en el detalle de las viviendas vacías) y también apunta un esbozo de diagnóstico con algunos datos sobre las viviendas turísticas, aunque sin reflejar la medida avanzada por la alcaldesa en la presentación de fomentar la conversión de los bajos comerciales vacíos en alojamientos extrahoteleros, algunos de los cuales llevan años sin ser alquilados por sus propietarios sin que se estén traduciendo en una bajada de precios.
El Plan, analizado por EL FARADIO, asume la realidad del impacto de los precios de la vivienda no sólo en la pérdida de población, sino en su envejecimiento.
Y además se hace eco de las situaciones de vulnerabilidad económica y social que está provocando la subida de precios, en especial entre quienes viven de alquiler, más expuestos a desahucios.
De hecho el Plan, en su diagnóstico, que abarca número de inmuebles, datos de habitantes, edad de los edificios y algunos datos del INE sobre viviendas turísticas, ni menciona el asunto que se invocó durante meses y meses como principal problema en materia de vivienda en foros políticos y mediáticos, la ocupación, narrada inicialmente como usurpación (la entrada en viviendas vacías) y luego orientada a los problemas de impagos entre caseros e inquilinos. Desde la inseguridad de las empresas hasta el efecto a la hora de comprar o alquilar fueron algunos de los argumentos que se manejaron repetidamente, recogidos en programas electorales y multitud de intervenciones desde la derecha, PRC incluido, en el Parlamento de Cantabria.
Cuatro demandas por ocupación y 48 desahucios entre abril y junio
EL IMPACTO DE LA VIVIENDA EN LA POBLACIÓN JOVEN
El Plan de Vivienda presentado ayer por el Ayuntamiento de Santander admite que en los últimos años se ha tenido lo que se describe como “escasa capacidad para retener a las personas más jóvenes en edad de emancipación”.
Traducido en números, el resultado es que el porcentaje de población de 65 y más años supone el 25,2%, frente al 16% de la población que cuenta con una edad inferior a los 20 años, según datos del Plan consultados por EL FARADIO.
También se admite que la vivienda ha tenido un “gran impacto” en este resultado de población, traducido en movimientos hacia municipios del entorno de Santander con una mayor oferta de vivienda a precios más bajos.
Los problemas de acceso se extienden más allá de los más jóvenes, como reflejan los datos de demanda de vivienda protegida: a cada proceso lanzado desde el Ayuntamiento, se presentan 2.100 personas, y, según los datos, una de cada tres personas inscritas en dichos procesos de adjudicación cuenta con una edad comprendida entre los 30 y 39 años.
EL ALQUILER PROVOCA SITUACIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL
De las situaciones de vulnerabilidad en materia de vivienda también se recoge reflejo, sin concretar las cifras, en los desahucios: si bien han caído las ejecuciones hipotecarias, sí que se mantienen en un “nivel elevado” los lanzamientos por alquiler.
Porque más allá de los santanderinos que han tenido que marcharse, el diagnóstico del Plan se refiere a la población residente que tiene “importantes dificultades” para asumir no sólo los costes de la compra o de alquiler de vivienda libre, sino incluso de la protegida.
Motivo por el cual el Plan buscará fórmulas de incrementar la vivienda social (que no es lo mismo que la protegida: la VPO tiene un precio marcado más barato, mientras que la social define su precio en relación a los propios ingresos del adjudicatario), como el contacto con los profesionales o colectivos que trabajen con las personas en riesgo de exclusión social para conseguir que haya más acompañamiento y más parque de viviendas.
La ausencia de viviendas para situaciones de emergencia (más allá del recurso al Centro de Acogida de Candina, concebido para otros fines), sumada a las dificultades de la plantilla municipal de trabajadores sociales, ha provocado problemas a la hora de buscar alternativas habitacionales en casos de desahucio, en Santander y otros municipios.
En el plan hay referencias a las situaciones de riesgo de exclusión social, que no se concretan en alusiones a las personas sin hogar: más allá del recurso de Candina y los condicionantes que no lo convierten en apto para todas las situaciones o la paralización del centro previsto para la zona de La Enseñanza ante las quejas vecinales y su amplificación desde la extrema derecha, las políticas para personas sin hogar se vienen moviendo entre las acciones de las entidades sociales o religiosas, el incremento de la atención a quienes están en la calle (el programa Ola de frío, que ha duplicado la frecuencia de las visitas) o la instalación de barreras, a petición o por iniciativa de los propietarios, en los accesos a locales vacíos en los que tendían a refugiarse las personas sin hogar, como sucedió en Isabel II o las inmediaciones de la calla Arrabal.
NI SAREB NI BANCOS
El Plan, que incluye una apuesta por la rehabilitación y la eficiencia sin concretar cambios en el atasco administrativo municipal a la hora de conceder licencias, tampoco concreta acciones para sacar al mercado viviendas vacías o solares en desuso.
Y no se refiere al activo que supone la SAREB, el denominado banco malo, que concentró los activos tóxicos, es decir, las viviendas cuyas hipotecas no se pudieron asumir por el error de cálculo encadenado de la burbuja: el de los bancos a la hora de concederlas para financiar viviendas y el de las constructoras y promotoras por la edificación por encima de la demanda real sobre un suelo liberalizado prácticamente en su totalidad para edificar. El banco malo, cuya deuda pasó a ser propiedad del Estado sin que se haya podido articular que el patrimonio también, ofrece en su Web 18 viviendas en Santander y 173 solares.
Tampoco menciona entre las entidades con las que se puede colaborar (como sí cita a empresas o administradores de fincas) a los bancos, pese a la implantación y contacto del Banco Santander en la ciudad.
