En el proceso de adjudicación de las obras del Museo de Arte de Santander (MAS), el Ayuntamiento de Santander encargó un informe para conocer el estado del edificio y extraer algunas conclusiones de cara a la rehabilitación de un inmueble que no sólo es protegido y centenario, sino que además venía de sufrir un aparatoso incendio.

Sin embargo, una vez conocido el resultado, el arquitecto municipal apostó por pedir una “segunda opinión” a otro profesional distinto, tal y como consta en documentación de la tramitación de la obra recabada por EL FARADIO.

EL PRIMER INFORME

El primer informe, ‘Evaluación de daños producidos en la estructura del Museo de Arte de Santander (MAS) y adopción de medidas necesarias para garantizar su seguridad y estabilidad’, fue encargado por el propio Consistorio al ingeniero Miguel Terán para tener más información sobre el estado del edificio a nivel estructural y se hizo en coordinación con el estudio responsable de la obra.

En sus conclusiones, que viene contando EL FARADIO, tras repasar las distintas ampliaciones y reformas sufridas por el inmueble en sus prácticamente cien años de historia –incluyendo una particularmente agresiva en los años 70 en la segunda planta, en la época de Hormaechea en la Alcaldía–, concluye que su uso público y cultural ha hecho que se perciba con una “falsa aceptabilidad” estructural, sin riesgo de colapso pero con necesidades importantes.

Y, tras exponer las alternativas conservadores o agresivas, plantea su solución, que pasa por dotar al Museo de una estructura «exactamente igual» a la existente, pero sin enfermedades ni patologías, sin trasladar sobreesfuerzos a los muros y sin necesitar rehabilitaciones continuas. También cree que retirar y sustituir los forjados, y advierte de que las opciones que no pasen por mejorar la estructura implican someter a más tensión a cimientos y muros, por lo que advierte que, en ese caso, «cualquier intervención a este nivel por personal poco cualificado puede convertirse en un desastre en términos estructurales y de seguridad”.

Pese a ese estado descrito, a la hora de adjudicar las obras a la constructora COPSESA, ligada a un exalcalde del PP (de Ramales de la Victoria, se hizo con una baja de un 40% en la oferta económica respecto al precio que había considerado la propia administración (la baja inclinó la adjudicación, aunque después hubo un sobrecoste de 800.000 euros que le hubiera alejado de ese resultado).

LA INTERPRETACIÓN QUE HACE EL AYUNTAMIENTO DEL INFORME

A pesar de que cita entrecomillados literales de algunas de sus conclusiones, el arquitecto municipal interpreta de ese informe que Terán “llega a la conclusión de que lo que existe no tiene el valor de ser algo viejo digno de conservar, sino más bien presenta el valor de ser algo malo que va a complicar los trabajos de conservación del resto de los valores esenciales del monumento”.

Y si bien concede que “no se puede decir que Miguel Terán haga este tipo de valoraciones de forma impulsiva o sin una previa reflexión”, sino, “al contrario”, el arquitecto también incide en que “en cierta medida es correcta su apreciación pero es difícil asumir la responsabilidad que deriva de la misma”.

Por eso el Ayuntamiento pide una segunda opinión al ingeniero Domingo Lorenzo que, Por eso pide una segunda opinión a otro profesional, el ingeniero Domingo Lorenzo, del que (sin adjuntar el segundo informe en el mismo documento en que sí había adjuntado el primero), reseña que “en su ánimo de posibilitar la permanencia material de lo existente, encuentra y presenta diferentes soluciones”.

LA SOLUCIÓN MUNICIPAL

A la vista de toda esa información, asegura que se decantan por la restauración de los elementos estructurales que se puedan, “ para alcanzar los estándares legales por el uso y por la vida útil que se busca del monumento”.

Asimismo, se busca complementar su capacidad portante y de durabilidad, con elementos de refuerzo que posibiliten la lectura de lo existente y de lo añadido, y que no impida el uso de los espacios finales en que se incorporan, por motivo de elementos sobredimensionados como pueden ser, por ejemplo, descuelgues excesivos en vigas.

En esa descripción de la solución se considera que “va ser necesario también intervenir en la cimentación lo que va a implicar labores de recalces y cimentaciones especiales” (que era lo que decía el primer experto, que simplemente aportó el matiz de que debían hacerlo empresas especializadas).