La factura del incendio sigue creciendo ocho décadas después: el Ayuntamiento crea una ayuda económica para los edificios en los que se incumplieron las normas en la reconstrucción

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El libro ‘Expulsados’ aborda la continuidad del modelo urbanístico.  Se puede conseguir en este enlace o pedir en librerías.

El incendio que sufrió parte del centro de Santander en 1941, del que la semana pasada se cumplía el 83 aniversario, sigue marcando su historia ocho décadas después.

Y sucede más allá del cambio en la fisonomía de la ciudad que se produjo por la destrucción de edificios y por la posterior reconstrucción, que supuso un desplazamiento de los vecinos de esas calles, clases populares como artesanos o marineros, hacia el extrarradio, sustituidos por un nuevo panorama social de nuevos comerciantes u oficinas bancarias y de seguros, marcados por la proximidad al régimen de entonces, es decir, la dictadura franquista surgida tras el golpe de Estado militar y la Guerra Civil.

Es lo que hoy se conoce cono gentrificación, respondía al modelo de “ciudad orgánica” (sic) ideado desde el régimen (que se autodenominaba “democracia orgánica” (sic) y que ha sido documentado ampliamente en trabajos académicos como los de Ángela de Meer, Elena Martín o José Ortega, en un modelo de expulsión de las clases populares cuya continuidad hasta nuestros días se analiza en ‘Expulsados. Santander, la transición urbanística pendiente’, el libro del equipo de EL FARADIO.

EL PLAN DE VIVIENDA AVANZA AYUDAS ESPECÍFICAS PARA LOS EDIFICIOS CONSTRUIDOS ENTONCES

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Más allá de eso, en el recientemente presentado Plan de Vivienda de Santander, examinado por EL FARADIO, se avanzaba una medida que afecta expresamente a los edificios levantados tras el incendio de 1941.

Según expone el documento, los Servicios Técnicos municipales han detectado varios casos de patologías graves en edificios con estructura de hormigón construidos por esas fechas, cuando el centro de la ciudad se convirtió en un solar, un lienzo en blanco, en un proceso que se extiende hasta el año 1955.

De esos estudios, añaden, se derivan luego órdenes a las comunidades de propietarios afectadas para realizar un estudio estructural mucho más concreto que la inspección visual incluida en el IEE (Informe de Evaluación del Edificio).

Por este motivo, se ha diseñado una nueva ayuda específica encaminada a financiar el coste económico derivado de la realización de dichos estudios estructurales, con el objetivo de detectar problemas estructurales derivados del hormigón utilizado para la edificación.

Más del Plan de Vivienda de Santander: 1, 2, 3. 

EL DESALOJO EN ISABEL II

Intervenció en el desalojo en Isabel II (2020)

Algunos de esos problemas quedaron en evidencia en junio de 2020, cuando tuvo que desalojarse, al detectarse durante unas obras, una serie de grietas, un edificio en Isabel II,13 (en la parte de esa calle más cercana al Ayuntamiento, en lugar de en la parte que da a la Seguridad Social y el centro de Salud; el inmueble linda con la comercial y peatonal calle San Francisco y en los bajos comerciales por la parte de Calvo Sotelo estaba la histórica joyería Salamanca ).

A raíz de ese desalojo, se apostó por hacer una inspección más exhaustiva de esos edificio, recordándose por parte del entonces concejal de Urbanismo, Javier Ceruti, tanto los malos materiales con que se levantaron (en un contexto de escasez de cemento, se mezclaban con otros como arena de playa) y se añadieron más alturas de las autorizadas.

LA RECONSTRUCCIÓN TRAS EL INCENDIO

Tal y como está documentado por expertos en geografía, historia, arquitectura, los propios testimonios de la época, o como han investigado, entre otros, Ramón Rodríguez Llera en su trabajo ‘La reconstrucción urbana de Santander 1941-1950’ editado por el Centro de Estudios Montañeses, o Elena Martín Latorre y Ángela de Meer en ‘Evolución urbanística de Santander 1941-50) las normas urbanísticas de la reconstrucción planteaban alturas de entre 3 y 5 pisos,,

Sin embargo, acabaron hasta siete y ocho plantas, como se percibe en la zona y en edificios emblemáticos como el del Banco Hispanoamericano. Para ello recurrieron al retranqueo, que se percibe en edificios en los que hay una ruptura visual, que se ve la separación de adonde debía llegar y las dos plantas levantadas encimas.

El incendio dejó en el centro un solar con el que grandes propietarios especularon

El incumplimiento se ciñó a los grandes propietarios, que fueron quienes compraron los los solares al agruparse en lotes cuyo tamaño llevaba a que fueran a precios más elevados que si se hubieran distribuido en pequeñas parcelas; es la época en que se asientan sagas santanderinas como los Laínz o Ribalaygua. El método combinó las expropiaciones exprés, iniciadas apenas una semana después del fuego, y subastas, en las que se pudo participar gracias al crédito barato del Estado.

Todo mientras edificios institucionales o religiosos sí respetaron las normas, de modo que sus sedes quedaron deslucidas por la altura de los inmuebles de su entorno directo.

Junto a los históricos apellidos cercanos o ‘arrimados’ al régimen, fueron bancas y aseguradoras las primeras en levantar edificios de la iniciativa privada en ese mapa en blanco que fue el centro de la ciudad.

La reconstrucción inicialmente planteaba más zonas verdes en espacios como la calle Cádiz, a los que se renunció para que pudiera haber más solares edificables.

Zona afectada por el incendio

En un mecanismo que recuerda hoy a las dinámicas del rentismo con los locales vacíos, los solares que no se creían convenientes o rentables permanecieron vacíos durante años, lo que generó una escasez de oferta y un incremento de precios en lo que ya estaba edificado.

Ese nuevo perfil generó un incremento en el comercio de lujo (el 77% de las joyerías se ubicaron allí), y también en los hoteles de lujo (inicialmente allí estaban el 27% del total de la ciudad y acabaron estando el 80%), en detrimento de, por ejemplo, las pensiones.

Desaparecieron comercios de carácter más popular, reflejo de quienes fueron sus habitantes, como las mercerías, sustituidas por tiendas de tejidos caros, en una sangría que afectó a otros comercios tradicionales como las tiendas de ultramarinos o alimentación, sin encaje en un centro con un nuevo perfil de habitante, principalmente funcionarios, militares y profesionales, de una generación más joven y con más poder adquisitivo.

Al final del proceso, Santander pasó también de ser una ciudad inquilina (en la que la fórmula de vivienda más extendida era la del alquiler) a una ciudad propietaria y rentista.

El rescate rentista

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