Ocho de los contratos que quedaron anulados tras saltar a la luz, hace ahora un año, el ‘caso Obras Públicas’, ya están licitados o a punto de licitarse. En apenas siete meses, “un tiempo récord”, el Gobierno de Cantabria ha puesto en marcha “toda la maquinaria” para recuperar la inversión de más de 23 millones de euros, paralizada porque “su adjudicación podía estar bajo sospecha”.

Así lo ha anunciado hoy el titular de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, reiterando su compromiso con la ejecución de todos los proyectos pendientes con “trasparencia, control y celeridad”, objetivos todos ellos marcados al inicio del proceso, para que la Consejería que dirige siga siendo “dinámica, inversora y generadora de actividad económica”. Junto al consejero, ha informado la directora de Obras Públicas, María del Carmen López Camus.

 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS

Tal y como ha explicado Media, los contratos que se han reactivado afectan, sobre todo, a la conservación y mantenimiento de carreteras, “muy necesarios” para garantizar su buen funcionamiento y unos niveles de excelencia.

Aun así, ha aclarado el consejero, “el mantenimiento y explotación de las carreteras regionales se ha venido ejecutando con normalidad con los contratos que ya estaban vigentes en la Consejería y con actuaciones de conservación, para solventar problemas puntuales con medios propios”. Se trata –ha insistido- de “un servicio básico y esencial”, en que Fomento ha priorizado “garantizar la seguridad de los usuarios”.

En concreto, el Consejo de Gobierno de hoy ha aprobado el contrato para ‘Reparaciones puntuales de la capa de rodadura mediante mezclas asfálticas en caliente’ de 4,73 millones y un plazo de ejecución de 2 años.

En este caso, ha explicado Media, el proyecto se ha redactado de nuevo desde el principio, tras un analizar a fondo la documentación que estaba en la Consejería.
Además, el contrato de ‘Mantenimiento y nueva implantación de barreras de seguridad’, por valor de 3,48 millones de euros y 4 años de plazo de ejecución, está en la mesa de contratación y se adjudicará en las próximas semanas.

Respecto al proyecto de ‘Construcción de muros y tratamiento de taludes, ha dicho el consejero, se ha refundido, redactando un nuevo proyecto para su licitación inmediata y una “gestión eficiente” con el de ‘Nueva instalación, reposición y mantenimiento de mallas de triple torsión, pantallas dinámicas y otras instalaciones de protección de taludes’, cuyo presupuesto es de 2,68 millones de euros y un plazo de ejecución de un año.

En este sentido, el titular de Fomento ha explicado que “resulta más razonable y funcional unirlos en un solo contrato, como también resulta evidente que todo lo relacionado con la estabilización de taludes y contención y sostenimiento del terreno en el entorno de las carreteras, debe ser realizado por una sola empresa y no estaba justificado que estuviese repartido en dos contratos independientes”.

Además, el Consejo de Gobierno ya ha aprobado el inicio de la tramitación del contrato de ‘Conservación, mantenimiento estructural y mejora de seguridad vial del puente sobre la Ría de Cubas’ para su adjudicación definitiva. Con un presupuesto base de licitación de 4,1 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses, se publicará su licitación, “si no hay imprevistos”, el próximo mes.

OTROS CONTRATOS EN FASE DE SUPERVISIÓN 

Tal y como ha repasado Roberto Media, la Consejería ha redactado otros dos proyectos que actualmente están en fase de supervisión. “Ambos iniciarán los trámites de licitación en unos días y en marzo se publicará su licitación para la presentación de ofertas”.

Se trata de la ‘Conservación y mantenimiento de los elementos funcionales urbanos e interurbanos anexos a las carreteras autonómicas, de urbanización, ornamentales y de protección en diversas carreteras autonómicas’, con un precio base de licitación de 1,66 millones de euros y 12 meses de ejecución, y ‘Servicios y mantenimiento, conservación y limpieza de cunetas y cauces de desagüe del agua pluvial de escorrentía” con un plazo de ejecución de 8 meses y un presupuesto de 1,93 millones de euros.

Este último contrato tendrá una vigencia de 8 meses porque se licitará nuevamente de forma conjunta con otros contratos de servicios (podas y desbroces), “porque no tiene sentido que estén separados y, además, se mejora de forma evidente el servicio si los agrupamos en uno solo, ya que tienen objetos análogos y se solapan actividades en el tiempo”.

En su intervención ante los medios de comunicación, Media también ha referido que el contrato “menos avanzado” es el de ‘Instalación y reposición de señalización vertical y cartelería’, “que estará finalizado y supervisado a finales de marzo, ya que el actual contrato está vigente hasta agosto de 2024”. En este caso concreto, “tanto el presupuesto como el plazo de ejecución están pendientes de la redacción definitiva, aunque se prevé un presupuesto aproximado de 2,5 millones de euros”.

Por último, el contrato de ‘Limpieza y eliminación de sedimentos y otros materiales orgánicos e inorgánicos bajo todo tipo de estructuras, puentes y otros elementos en cauces públicos’ no está previsto licitarlo hasta finales de año, junto al nuevo contrato de conservación, “que englobará en un solo expediente tanto la limpieza de cunetas y cauces, como el de sedimentos”.

Al margen de éstos, quedan otros 4 proyectos de sendas ciclables o peatonales (senda peatonal Reinosa-Corconte, camino peatonal entre Matamorosa y Villaescusa, senda ciclable Barreda-La Revilla y senda peatonal Reinosa-Monegro), en estos momentos en revisión, y que se irán ejecutando en función de las capacidades presupuestarias de la Consejería.

EL PROCESO JUDICIAL SIGUE SU CURSO

Durante su comparecencia, Roberto Media, precisamente hoy que se cumple un año de la intervención policial en la sede de la Consejería de Obras Públicas, “un día muy negro para la administración cántabra”, ha recordado que la investigación judicial sigue abierta. De hecho, el Gobierno “está esperando a que termine la instrucción”, colaborando activamente con la Justicia, “porque somos los primeros interesados en que este caso se resuelva y queden esclarecidos todos los hechos”.

Y, si bien esta situación dejó muy dañada la imagen de los servidores públicos, el objetivo último de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente es “convertirse en ejemplar”. “Sinceramente creo que vamos por buen camino”, ha añadido, agradeciendo la colaboración de “todos los trabajadores”, para lograr ese objetivo, “porque son los principales interesados en eliminar cualquier sombra de duda sobre su trabajo en este tiempo”.

ANALIZAR Y CUANTIFICAR EL QUEBRANTO PATRIMONIAL CAUSADO

De forma paralela al proceso judicial, el Gobierno de Cantabria está realizando una auditoría interna para aclarar cómo se ha gestionado el dinero público en los últimos 20 años y, si fuese necesario, depurar responsabilidades.

Esta auditoría, que está en manos de un equipo de interventores nombrado por la consejería de Economía, “casi ultimada desde el punto de vista contable y legal”, en estos momentos, está analizando y cuantificando cuál es el quebranto patrimonial causado a los ciudadanos de Cantabria, porque se ha detectado que el perjuicio sería de una “cuantía significativa”, si bien la determinación exacta requiere de un trabajo más exhaustivo, ha añadido.

La auditoría se ha centrado en el análisis exhaustivo de los últimos 4 años y aleatoriamente en contratos de los últimos 20 años. Así, cuando concluya, el consejero de Economía hará públicos los resultados.