El pasado 18 de julio de 2023 ocho miembros de los colectivos antidesahucios de Cantabria fueron denunciados y multados por la policía en aplicación de la Ley Mordaza. Los hechos denunciados se refieren al desahucio de uno de los multados, Roberto Mazorra, histórico militante de estos colectivos, y de “una supuesta resistencia activa/obstrucción al lanzamiento ejecutado”.

A raíz de estas multas, activistas de la Red Antidesahucios, de la PAH y de Stop-Desahucios han participado en una serie de reuniones con el objetivo de iniciar una campaña que tenga como resultado obtener fondos y apoyo a los multados, además de denunciar la represión contra el movimiento antidesahucios.

Durante estos últimos meses, la mayoría de los multados han recibido los expedientes sancionadores y las multas correspondientes. Aunque no todos. Todavía, a día de hoy, existen varios afectados que no han recibido nada. Y la situación es desigual ya que algunos afectados han pagado la multa, mientras que otros han presentado alegaciones o recursos. Según Mazorra, portavoz del grupo de multados, “es probable que en la mayoría de los casos, conociendo el modus operandi de Delegación del Gobierno, terminemos en el juzgado, ya sea mediante un contencioso, para los que hemos presentado alegaciones, o a través de una demanda por vulneración de derechos fundamentales. En este último caso se agruparían todos los casos y expedientes en un solo procedimiento judicial”.

La actuación de la Delegación del Gobierno equivale a unas sanciones cuyo importe global es de 4.800 euros (600 euros por persona). Esto no ha sido algo común hasta los últimos años. “Hace años fue multado inicialmente un compañero por una situación muy puntual y que tuvo una sentencia favorable al final. Pero en los últimos tiempos se ha recrudecido la represión, primero con el desahucio de Astillero, donde se multó a un grupo de militantes y se denunció penalmente a otros dos; y ahora, con el grupo más amplio de sancionados hasta la fecha. Parece que en mi desahucio hubo intención de dar un escarmiento, porque es la primera vez que la policía acordona la zona a horas tan tempranas, las cinco de la mañana, y, sobre todo, destroza un portal para practicar un desahucio sin orden judicial. Y, después, las correspondientes multas. Digamos que en el caso nuestro es un pack completo de represión y sanciones”, puntualiza Mazorra.

Dentro de la campaña cobra especial importancia la crítica a la ley mordaza: “A todos nosotros nos parece bochornoso que el Gobierno autodenominado ‘más progresista de la historia’ mantenga en pie una ley tan represiva como la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, es decir, la Ley Mordaza. Pero es todavía más vergonzoso que la Delegación del Gobierno nos imponga estas multas, después de la desproporcionada intervención de la policía en el lanzamiento”, prosigue el activista.

Por otro lado, según los afectados, en los expedientes notificados existen numerosas irregularidades. Por ejemplo, no está clara la infracción cometida, si resistencia activa u obstrucción. O que se califiquen los hechos para sancionarles sin la necesaria descripción de los mismos, como obliga la Ley. Y, sobre todo, “la ausencia de infracción por parte de los multados debido a la falta de una orden judicial para entrar en el portal”, según los activistas sancionados.

Por todo ello, han solicitado reunión con la delegada del Gobierno, para saber “si continuarán los abusos policiales o va a producirse algún cambio”. “No somos muy optimistas, pero por intentarlo que no quede”, añade Mazorra.

Por último, los activistas informan de las actividades programadas por la Red Antidesahucios: “Hemos elaborado un manifiesto, que os entregamos, y vamos a tener reuniones con unos 30 colectivos políticos y sociales de Cantabria”. Además, para este fin de semana están programadas una serie de actividades solidarias en el marco de las jornadas de la Asamblea Antifascista de Cantabria. Además de la manifestación del viernes 23 y la charla del sábado 24, el domingo 25 de febrero se celebrarán diversas actividades de apoyo a los multados por los desahucios en el local Rock Beer The New, donde habrá conciertos, comida popular, mercadillo, etc.

En el manifiesto se citan otros casos de desahucio donde los activistas señalaron que el dispositivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad fue excesivo. Se trata del caso de Jennifer, en Santander, y el de Héctor, en Gama. Afirman que «en los tres desahucios hubo irregularidades judiciales y administrativas. Y en los tres lanzamientos, jueces y funcionarios quebrantaron todas esas leyes y principios jurídicos con los que se llenan la boca tantos políticos cuando hablan del Estado de Derecho».

A partir de ahí, la Red considera que han sido diferentes estamentos políticos los que han provocado que se llegue a la situación actual, desde el Gobierno central hasta la Delegación de Gobierno, pero también la Consejería de Empleo y Políticas sociales, dentro de la que estaba la Dirección General de Vivienda en la pasada legislatura. Coincide que el PSOE es quien estaba al frente de todas esas instituciones. El pasado mayo eso cambió en el Gobierno autonómico.

Si bien son los jueces quienes dictan las órdenes de desahucio, el manifiesto recuerda que es la policía quien ejecuta esas órdenes. La secuencia que siguen los activistas es que «fue el mando policial quien ordenó el despliegue de un fuerte dispositivo antidisturbios tres horas antes del lanzamiento de Mazorra. Y fue también el mando policial quien ordenó el control del acceso y el acordonamiento de la zona próxima a su vivienda. Y que fue el mando policial quien decidió entrar y destrozar el portal sin autorización judicial ni permiso de la Comunidad de propietarios. Y el mando policial, ante la ausencia de órdenes del juez responsable por escrito, debe obedecer a la Delegación del Gobierno, en manos del PSOE desde hace unos años».

El manifiesto recuerda también que, desde el año 2020, existen varios Decretos-Ley «que obligan al Gobierno de Cantabria para que ponga a disposición de las personas o familias vulnerables en situación de desahucio, una vivienda de alquiler social. Algo que llevan incumpliendo de forma sistemática tanto el PSOE durante todos estos años como desde hace poco el PP».

Siguiendo con su tono duro, la Red Antidesahucios afirma que «existen pequeños lawfares que se cometen cada día por jueces de primera instancia o de instrucción que se saltan las leyes debido a un evidente sesgo ideológico y clasista. Como si desahuciar a familias pobres y a personas vulnerables fuera algo crucial para el mantenimiento de la paz social. La realidad es que el sistema judicial es posiblemente el estamento más corrupto del corrompido régimen del 78».

Volviendo al caso de Mazorra, el manifiesto concreta que en ese procedimiento «hubo de todo: chanchullos en la compraventa entre Liberbank, el fondo buitre Desarrollos Las Peñicas y un ‘emprendedor’ vallisoletano muy cercano a dicho fondo; allanamientos, amenazas y destrozos de la casa por parte del propio empresario; desaparición de denuncias penales en sede judicial y archivos fraudulentos de la causa; abogados ‘tocados’ o directamente comprados; y, por último, la extraña actuación del Servicio Común de Notificaciones y Embargos (SCNE) de los juzgados de Santander».

Y prosigue diciendo que «el lanzamiento de la vivienda de Roberto adelantó de forma tan bizarra como ilegal a miles de expedientes y a cientos de actos de comunicación y ejecución del SCNE, entre ellos, unos 200 lanzamientos, suspendidos o retrasados por efecto de la huelga convocada por funcionarios de los juzgados y llevada a cabo entre enero y julio de 2023».