Los movimientos ecologistas, en especial la oleada más reciente de acciones de visibilización mediática, se han convertido el año pasado en los principales destinatarios de los episodios de represión y criminalización el año pasado, uno de los cuales se saldó con la detención de un joven cántabro, participante en la famosa acción en el Museo del Prado, por la que fue detenido y está pendiente de investigación judicial.

Detenido el joven cántabro que participó en la acción en el Museo del Prado para alertar del cambio climático

Así lo recoge el informe Defender a quien defiende, consultado por EL FARADIO, elaborado por el Instituto Novact de Noviolencia, una asociación por la noviolencia, con que al ir fiscalizando periódicamente los distintos episodios, permite trazar una evolución.

Y en la comparativa desde 2017, esa evolución transmite que las protestas más criminalizadas han sido las que tienen que ver con la vivienda, si bien en 2023 se ha consignado un cambio de tendencia, con la irrupción de las detenciones y otras formas de criminalización del activismo.

El informe fue presentado esta semana el Consejo General de la Abogacía Española, en Madrid. La investigación combina el análisis de datos cuantitativos con las aportaciones de personas y organizaciones expertas en la materia, como Amnistía Internacional o Red Jurídica.

LOS DATOS

En total, Defender a quien Defiende denuncia 1.184 vulneraciones de derechos en contexto de protesta —detenciones, multas, amenazas, afectaciones a la integridad psicofísica, identificaciones y/o encausamientos—, en un total de 261 casos recogidos en los últimos dos años.

Según el informe, durante el año 2022 se han sistematizado 314 vulneraciones en contexto de protesta. Más de la mitad de estas vulneraciones son detenciones (124), represión judicial (82) e identificaciones (60).

El sindicalismo, a pesar de tener sólo diez casos recogidos en 2022, cuenta con multas y procesos judiciales desproporcionados, como la avalancha de multas por las sanciones durante la huelga vasca del metal. Similar se produjo con las acciones de activistas por el derecho a la vivienda.

En 2023, se notaron en la estadística los efectos de la reciente ola represiva contra colectivos y organizaciones ecologistas, pasándose de 27 detenciones de 2020 a 74 el año pasado.

El informe también recoge identificaciones en protestas en Gaza, o nuevas técnicas de represión basadas en la tecnología o en la propia infiltración policial en distintos colectivos, que se suma a la denominada Ley Mordaza o las interpretaciones que se hacen de la legislación contra el terrorismo.

Junto a ellas, al incremento en las vulneraciones relacionadas con la libertad de expresión y de información, que sigue perjudicando la labor de humoristas, cantantes y profesionales del mundo del periodismo y la comunicación, este año con mayor intensidad.

LA CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE

En los dos años que analiza el informe se ha producido un protagonismo creciente de las protestas ecologistas, con nuevos colectivos como Extinction Rebellion o Futuro Vegetal, que se mueven en el marco de la desobediencia civil noviolenta.

En los 43 casos monitorizados sobre este movimiento social, se han recogido 159 vulneraciones de derechos. Entre las vulneraciones destacan 69 detenciones, en algunos casos, con uso excesivo de la fuerza.

Protesta de la Asamblea Antifascista de Cantabria contra la represión de las protestas sociales

El documento repasa algunas de las patas de la estrategia de represión: por ejemplo, grupos de unidades de Policía como la Brigada Provincial de información, que antes se dedicaban a la extrema izquierda, centran ahora su trabajo y medios en estos colectivos, llegando incluso a infiltrar a agentes encubiertos en estos movimientos.

Y la Fiscalía General del Estado presentó su memoria Anual del año 2022 en la que incluía lo que denominaba como “ecologismo radical” dentro del apartado de terrorismo, criminalizando acciones como los cortes de tráfico (que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos viene avalando al priorizar las libertades civiles por encima de la movilidad, dentro de los derechos fundamentales).

Y unos meses después de la publicación de dicho informe se produjo la detención de unas 30 activistas asociadas a Futuro Vegetal bajo la acusación de pertenencia a organización criminal, al entender que el colectivo tiene como única finalidad la comisión de delitos.

La Policía Nacional les señaló por delitos de pertenencia a organización criminal, daños, daños contra el patrimonio histórico, afectaciones a la seguridad vial y al tráfico aéreo, atentado a agente de la autoridad y desórdenes públicos. todo en relación a lanzamientos de pintura a edificios y obras artísticas en museos, cortes de circulación en carreteras o el acceso a pistas de diferentes aeropuertos.

Defender a quien Defiende resalta su preocupación por la represión sufrida por el movimiento ecologista, con Futuro Vegetal (FV) como caso paradigmático de la represión del ciclo social analizado:

EL INSTITUTO NOVACT

El Instituto Novact de Noviolencia es una asociación sin ánimo de lucro dedicada a la transformación de conflictos y la construcción de paz. Hace más de 20 años que trabaja en la región euromediterránea.

El compromiso de NOVACT es impulsar cambios en contextos frágiles y afectados por conflictos, creando políticas transformadoras que promuevan la paz, defiendan el espacio cívico, generen seguridad humana, justicia ecológica, justicia de género, justicia digital y prevengan los abusos de empresas, con el objetivo de conseguir que las decisiones que afectan al futuro de las comunidades puedan ser tomadas por las mismas comunidades.

NOVACT está cerca de los movimientos sociales a través de una estrategia de protección integral, entendiendo que para la transformación social es crucial trabajar sobre la fuerza colectiva de las personas.