Los últimos datos conocidos del Poder Judicial reflejan un único caso de ocupación de viviendas en Cantabria.

El Consejo General del Poder Judicial elabora periódicamente desde hace casi una década un informe sobre el impacto de la crisis económica en los órganos judiciales (concretada en casos que al final llegan a un Juzgado como despidos, reclamaciones de deudas, concursos de acreedores, problemas con los bancos…), y que en lo relacionado con la crisis de vivienda examina casos de desahucio y, más recientemente, de ocupaciones.

Los datos van por trimestres y el último dato que recoge en su Web el Poder Judicial, el del tercer trimestre de 2023, consultado por EL FARADIO, consigna un único caso para ese período julio-septiembre.

Para la misma fecha, los desahucios por hipoteca ascendieron a 29, y los lanzamientos (el hecho físico de la expulsión de la vivienda), a 30. Por alquiler fueron 26.

Lo que se mide son los procedimientos tramitados por los Juzgados de Primera Instancia, que permiten, en los supuestos de ocupación ilegal de viviendas, a la persona física, que sea propietaria o poseedora legítima por otro título, a las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social, pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento.

Con un único caso, Cantabria es la segunda comunidad con menos casos, superada sólo por Navarra, con cero procesos judiciales.

Las cifras permiten ver la evolución hasta ese momento: en el primer trimestre de 2023 hubo dos casos, y en el segundo, cuatro, hasta llegarse al único caso del tercer trimestre.

En 2022 las cifras son mayores, pero también reflejan un descenso continuado: se comenzó el año con 13 procedimientos el primer trimestre, se pasó a ocho en el segundo, y en el tercero y cuarto fueron cuatro en cada uno. Para ese mismo período los desahucios fueron 109, 144, 85 y 110 en cada uno de los cuatro trimestres.

Cantabria constituye la Comisión de Coordinación de Medidas contra la Ocupación Ilegal de viviendas

Este lunes,, Cantabria acaba de poner en marcha la primera Comisión de Coordinación de Medidas contra la Ocupación Ilegal de Viviendas, integrada por la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente y los 102 ayuntamientos, a través de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC).

En esta primera reunión, se ha decidido que también entren a formar parte de la misma las Consejerías de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa y la Delegación del Gobierno, admitiéndose que “muchas de las competencias que se van a abordar no corresponden a la Comunidad Autónoma”. El órgano se reunirá dos veces al año.

Desde el Gobierno se habla de una “lacra cada vez mayor” y se anunciaba la elaboración de un mapa de viviendas ocupadas, asegurándose que actualmente no hay datos reales. “En 2020, había 44 casos de ocupación ilegal denunciados”, ha señalado el consejo Roberto Media, que defiende que en Cantabria es que existen “muchísimos más”, y sólo afloran los que generan “problemas de convivencia terribles con las comunidades de propietarios”,

Desde el Ejecutivo se liga esta situación al problema de acceso a la vivienda entre los jóvenes.

Y se aboga por recuperar el plan lanzado la pasada legislatura para poner en circulación las 50.000 viviendas vacías que hay en Cantabria, que estaba “bien ideado”, pero resultó un “fracaso rotundo” porque no consiguió la confianza de los propietarios y sólo captó 7 viviendas. Algo que se achaca a la falta de seguridad jurídica por la ocupación: “Los cántabros sólo sacarán esas viviendas al mercado, lo que hará bajar los precios, si les ofrecemos una seguridad y unas garantías que ahora mismo no tienen”.

También se considera que el lanzamiento (la propia expulsión de la vivienda) es “casi imposible”, y se aboga por agilizar los desahucios de viviendas ocupadas ilegalmente que, ahora mismo, según los datos que maneja el Consejo General del Poder Judicial están en 18,1 meses.

Sin alusiones a las políticas sobre viviendas turísticas y su impacto en la reducción del parque de vivienda disponible ni alos propios planes del Ejecutivo para construir en suelo rústico, ampliándose teóricamente las viviendas, desde Fomento se remitían tanto a la creación de un parque de vivienda en alquiler como a su futura Ley de Vivienda, confiando en que de esta comisión contra la ocupación “salgan las medidas adecuadas para que este giro, por lo menos en Cantabria, se pueda producir cuanto antes”.