||por Gonzalo Silió Sáiz
Experto en protección a la Infancia en el deporte. Proyecto EDERTO.||

Agresiones entre deportistas, comportamientos violentos o denigrantes por parte de entrenadores o espectadores, o incluso la glorificación de conductas violentas en los medios de comunicación y la cultura deportiva, no tienen cabida en el deporte, menos en el deporte infantil y juvenil. Además, a partir del año 2021, estas acciones son ilegales. Desde entonces, la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), ha implementado medidas concretas para asegurar un entorno seguro y protector en el ámbito deportivo y de ocio. Esta ley obliga a todas las personas y entidades involucradas en actividades deportivas con menores a crear un ambiente seguro para prevenir, detectar e intervenir en casos de violencia contra la infancia y adolescencia en el deporte y ocio. El deporte debe ser un entorno protector, inclusivo y de buen trato.

La integridad y todos los valores fundamentales asociados al deporte se ven gravemente comprometidos cuando se tolera cualquier acto violento. El deporte solo es enriquecedor para el desarrollo físico, emocional y social de niñas, niños y adolescentes cuando se da en un espacio seguro. Cualquier forma de violencia es inaceptable.

Imagina que una persona mayor de edad agrede, amenaza o insulta a una menor de edad en un partido o entrenamiento de cualquier deporte. En una situación así, algo normalizado en ciertos ambientes y entidades, dicho menor está protegido por la LOPIVI y todas las personas adultas que lo hayan presenciado tienen la obligación legal de notificar lo ocurrido a las autoridades pertinentes. Además, las personas adultas que, debido a su cargo, profesión, oficio o actividad, estén encargadas de la asistencia, cuidado, enseñanza o protección de niños, niñas o adolescentes, están obligadas a comunicar de manera inmediata los hechos que conozcan. En caso de gravedad, deben informar de inmediato a los servicios sociales competentes, así como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y/o al Ministerio Fiscal.

En el deporte, no hay lugar para la violencia ni para aquellos que la ejercen. Toda forma de violencia tiene consecuencias perjudiciales para los y las menores, impactando negativamente en su bienestar y generando efectos adversos significativos en su desarrollo físico, psicológico y social. Además, perpetúa la percepción errónea de que la violencia es aceptable en las interacciones sociales. El deporte no puede ser una escuela de violencia.

Las federaciones, ayuntamientos, clubes, equipos técnicos y familias que creemos en los valores del deporte tenemos ahora la responsabilidad y la oportunidad de expulsar a las personas violentas de nuestros campos, canchas, gradas, vestuarios y banquillos. Ahora es el momento de priorizar el deporte educativo que enriquece a individuos y comunidades. No hay espacio para la ambigüedad: debemos cumplir con la ley para proteger y educar a nuestras niñas, niños y adolescentes.