||por Jesús Aguayo Díaz.
Maestro jubilado y antiguo miembro de la Junta de Personal Docente de Cantabria||

En mayo de 2006, la Junta de Personal Docente de Cantabria firmó un histórico acuerdo por el cual se podía sustituir parcialmente la jornada lectiva del profesorado mayor de cincuenta y cinco años por otras actividades. Tal fue el éxito de lo acordado que pronto se convirtió en referente para los docentes de otros territorios. Seis años después, las políticas de austeridad diseñadas por parte de gobiernos del mismo color político del que forma parte el actual consejero de Educación se llevaron por delante este y otros muchos acuerdos.

Cultivar la memoria es un buen ejercicio si queremos prevenirnos frente a la manipulación y la desinformación. El que escribe estas líneas fue una de las personas que, en nombre de la organización sindical entonces mayoritaria (y que hoy sigue siéndolo), negoció aquel acuerdo; por lo que me veo en una cierta obligación moral de hacer memoria, abandonar momentáneamente mi retiro y salir al paso de algunas cosas que se están diciendo sobre el reciente pacto al que ha llegado el consejero de Educación con una parte de la Junta de Personal, y que no se ajustan del todo a la verdad.

La Consejería de Educación está siguiendo la máxima de Cicerón de que no hay nada, por increíble que sea, que la oratoria no pueda volver aceptable; y el discurso del departamento de Educación del Gobierno de Cantabria, en relación con este polémico asunto, ha recordado bastante a la oratoria de aquellos insignes padres conscriptos que se dedicaban a mezclar verdad y mentira hasta que ambas se volvían indistinguibles.

Es cierto, y en ello hace mucho énfasis el consejero, que durante doce años otras administraciones, de un signo político distinto al suyo, nada hicieron para reponer el derecho del profesorado de más edad a tener un alivio en sus condiciones de trabajo reduciendo sus horas lectivas. Lo que no es verdad es que con la medida que acaba de aprobar se restaure el derecho en los mismos términos y condiciones que antes se disfrutaba.

Ahora, la Consejería ha puesto tantos requisitos y limitaciones para que el profesorado más mayor pueda acogerse a esta disminución de sus horas lectivas que habrá cientos de docentes de la enseñanza pública de Cantabria que no podrán hacerlo, aunque rebasen la edad de cincuenta y cinco años. Enumerar los diferentes colectivos de enseñantes que se quedan fuera del acuerdo por las más caprichosas razones excede con mucho los límites de este artículo. También excede dichos límites comparar las tareas que voluntariamente escogía el docente como sustitución de una parte de sus horas lectivas en el acuerdo de 2006 con el abrumador número de actividades y coordinaciones que ahora se le imponen (ya no puede escogerlas voluntariamente) con el nuevo acuerdo. Por otra parte, el aumento de las obligaciones burocráticas con la cumplimentación de planes y memorias explicativas que acarrea esta medida parece más pensado para disuadir que para animar a acogerse a ella.

Lo que se suscribió en el año 2006 fue una medida novedosa y valiente, que concitó unanimidades y a la que se acogió la inmensa mayoría del profesorado de más edad, porque con ella mejoraba sus condiciones de trabajo y se sentía reconocido y prestigiado tras una larga trayectoria docente. Por desgracia, y a la espera de lo que los tribunales de justicia determinen (habrá más de un litigio con este acuerdo), la medida estrella del consejero Silva solo suscita divisiones y frustra las expectativas de muchos enseñantes de Cantabria, porque no podrán acogerse a ella y porque los que lo hagan no van a disponer de las mismas condiciones que otros disfrutaron hace tiempo; condiciones que en su día todos celebramos como justas desde la óptica laboral y beneficiosas para la calidad del sistema educativo. Esta es la realidad por mucho que desde la Consejería de Educación se intente disimular con oratoria y desinformación.

Con todo, lo peor que ha pasado es el método seguido en la negociación y el nefasto precedente que ha sentado esta Consejería. No es buen método, desde un punto de vista estrictamente democrático, que la administración tensione a la Junta de Personal Docente, favorezca su desunión y termine suscribiendo un acuerdo con una minoría de dicho órgano. Es un nefasto precedente que se propugnen medidas restaurativas de derechos que antes fueron de todos y que ahora son solo para una parte del colectivo docente. Aunque sea algo obvio, me gustaría recordarle al consejero que los derechos laborales, cuando no son para todo el mundo, dejan de ser derechos y se convierten en prebendas para las personas que los disfrutan y en ofensas para el resto.