Este próximo miércoles se celebrará el juicio por el caso de presunto abuso sexual sobre una niña de 12 años. Un acusado de abusar de una vecina menor de edad cuando ambos se encontraban en las escaleras del edificio en el que residen.

Según los escritos de la fiscalía y de la acusación particular, el acusado, de 63 años, y una vecina, de 12 años, se encontraron en las escaleras del inmueble en mayo de 2020, esto es, en plena vigencia de las restricciones impuestas por el estado de alarma a causa del Covid.

Entonces, ambos subieron juntos, mientras el acusado realizaba comentarios sobre el desarrollo físico de la menor.

Una vez en la puerta de acceso al portal, el acusado, “guiado por un ánimo lúbrico, empezó a pasarla una mano por la espalda, hasta agarrarla y apretarla el culo”.

Acto seguido, se quitó la mascarilla y trató de darla un beso en la boca, lo que no logró porque la menor llevaba mascarilla puesta.

Para la fiscalía, los hechos constituyen un delito de abuso sexual a menores, merecedor de una pena de dos años de prisión, cinco de libertad vigilada y siete de inhabilitación para desempeño con menores.

La acusación particular pide, además, una indemnización de 3.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Abuso sexual a un menor de 15 años

Acusado de abusar de un menor cuando ambos se encontraban en el interior de un sauna en un gimnasio.

Explica la fiscalía en su escrito que el acusado, “con ánimo libidinoso y sin el consentimiento” del menor, que tenía quince años, “procedió a realizarle una felación” y, posteriormente, “trató de introducirle un dedo por vía anal sin conseguir su objetivo”.

El chico apartó al acusado mediante un empujón y se marchó.

Como consecuencia de estos hechos, relata el escrito fiscal que el menor ha dejado definitivamente de ir al gimnasio, no sale solo de casa y siempre va acompañado por el miedo que sufre.

Los hechos constituyen, a juicio del ministerio público, un delito de abuso sexual a menores, merecedor de nueve años de prisión, siete años de alejamiento y prohibición de comunicar con el menor, otros siete años de libertad vigilada tras la salida de la cárcel, seis años de privación de la patria potestad o inhabilitación para ejercerla y diez años de inhabilitación para desempeño con menores.

En concepto de responsabilidad civil, la fiscalía solicita una indemnización para el menor de 4.000 euros.