“Dichas medidas permitirán atenuar y corregir el impacto que la construcción del parque supondrá sobre el Patrimonio Cultural de la zona. Por todo ello, se considera que los protocolos de las actuaciones arqueológicas proyectadas garantizarán la compatibilidad de las obras con la preservación del Patrimonio Cultural”

El párrafo previo podría ser rutinario para un lector recurrente de documentos administrativos: un aval a medidas para evitar impacto de obras en restos arqueológicos.

Sin embargo, en este caso la adopción de medidas se ha realizado cuando las obras estaban ya “avanzadas” y se habían producido impactos.

Se trata del proyecto del Parque 2020, concebido como homenaje a las víctimas de la pandemia, en Mataleñas, encargado por el Ayuntamiento de Santander al Centro de Jardinería La Encina (que figura en las conversaciones del exjefe de Carreteras investigado judicialmente).

Una obra que, como contó en su momento EL FARADIO, fue adjudicada a esta empresa, la única aspirante, que no rebajó la oferta económica, 246.875 euros, euros, –cuando te presentas a una licitación, no sabes si se presentan otras y la rebaja en las cifras se premia con puntos para hacerse con la obra—y que en cambio sí incluyó una rebaja en las condiciones técnicas –pese a que ajustarse al máximo también se premia-.

Ya en su día vecinos de la zona mostraron su preocupación no sólo por el impacto de las obras, que incluyen movimientos de terrenos, construcción de caminos e incluso de un aparcamiento, sino porque la propia ubicación condicionaba el proyecto: más exposición al salitre o al viento, lo que hacía más llamativo la reducción de las exigencias técnicas.

El proyecto así, con esa reducción técnica, comenzó con retrasos: primero para no verse afectada por el verano, después por las lluvias de otoño y finalmente porque no se habían adoptado las medidas de seguimiento arqueológica habituales en muchas obras públicas, máxime en una zona que por su naturaleza virgen y su emplazamiento estratégico inducirían a pensar que existieran yacimientos arqueológicos.

Pero no era necesario recurrir a la lógica: la presencia de restos en la zona estaba registrada documentalmente en instrumentos como el Inventario Arqueológico de Cantabria, en distintas publicaciones e incluso en un proyecto del propio Ayuntamiento, ‘Santander. Punto de encuentro patrimonial’.

Pese a ello, las medidas de seguimiento arqueológico no se adoptaron a la hora de diseñar la obra, al sacarse a licitación o en las indicaciones técnicas, sino que se encargaron después, cuando se tuvo que paralizar precisamente por su ausencia y tras recibir avisos del Gobierno de Cantabria.

Para entonces, como comprobó el equipo arqueológico que visitó la zona, las obras se encontraban en un estado “avanzado”, como describen desde la empresa Gaem en un informe repasado por EL FARADIO.

Esa inspección les permitió no sólo confirmar que las obras se desarrollaban directamente sobre un yacimiento, el denominado Bellavista Sur, sino que ya se habían producido impactos en hitos de los trabajos como la construcción de un aparcamiento, los movimientos de tierras en los que se localizan los restos o incluso el uso de materiales de la zona para parques y jardines. El informe aporta otro indicio que revela el conocimiento previo de que en la zona había valor arqueológico: además del yacimiento Bellavista Sur, existen otros cuatro en todo el entorno de Mataleñas, incluyendo una cueva. Todos localizados en el citado Inventario, en publicaciones e incluso excavados.

UN CONTROL “EXHAUSTIVO” PARA REDUCIR EL IMPACTO

Fue el Ayuntamiento e Santander el que formalmente ordenó la paralización cautelar de los trabajos, después de que se detectara que el proyecto se desarrollaba en terreno catalogado como de interés arqueológico.

El Consistorio recibió directrices de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Histórico del Gobierno de Cantabria (Consejería de Cultura) sobre las actuaciones que debían desarrolarse, ante el “interés arqueológico del lugar”.

Este organismo solicitó la realización de una actuación arqueológica que minimizara las potenciales afecciones al Patrimonio Cultural del área considerada, con la realización de un seguimiento y control exhaustivo de las mismas.

En base a esas indicaciones y a la inspección sobre el terreno con las obras ya paralizadas, se concluye que la intervención “deberá consistir, básicamente, en el control y seguimiento arqueológico de los movimientos de tierra necesarios para la realización del parque”.

Y, recalcan, “sobre todo, dado el estado avanzado de las obras”, en la recogida sistemática de los materiales arqueológicos que pudieran aparecer durante el desarrollo del proyecto.

Para la reanudación de las obras, se pasaría también al inicio del control y seguimiento arqueológico intensivo de las mismas, para “minimizar” las afecciones al patrimonio cultural, y así “garantizar” la documentación y conservación del Patrimonio Cultural del área afectada por el proyecto.

El objetivo es “preservar aquellos elementos arqueológicos que pudieran aparecer durante los movimientos de tierra”, parte de los cuales se han desarrollado ya.

Esas medidas “permitirán atenuar y corregir el impacto que la construcción del parque supondrá sobre el Patrimonio Cultural de la zona”.

Así que definitivamente se considera que “los protocolos de las actuaciones arqueológicas proyectadas garantizarán la compatibilidad de las obras con la preservación del Patrimonio Cultural”.