La Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria reclama más implicación de los ayuntamientos y un refuerzo del papel de las comunidades de vecinos a la hora de regular las viviendas turísticas.

Así lo reflejan en sus aportaciones, a las que ha tenido acceso EL FARADIO, al período de consultas abierto por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria al nuevo decreto para la regulación de esta modalidad de vivienda que viene proliferando en los últimos años, muy criticada por el impacto en la subida de precios del resto de inmuebles.

El Ayuntamiento de Santander trasladó ayer mismo algunos de esos planteamientos, como los relacionados con la seguridad –en un hotel o pensión se piden los datos a los huéspedes y se envían a las autoridades, y en estas viviendas no-, o el uso intensivo, si bien el Consistorio convirtió esta demanda en una petición de más responsabilidad a hoteles por el impacto medioambiental y la Asociación lo que hace es recordar que este uso intensivo se está reflejando ya en un incremento de molestias, denuncias y pleitos.

EL PAPEL DE LOS AYUNTAMIENTOS

De hecho, sus planteamientos pasan por un refuerzo de la intervención del Ayuntamiento en la regulación y control, que traducen en la exigencia de adjuntar a la declaración responsable ante la administración turística otra presentada ante el Ayuntamiento correspondiente en la que se “garantice” el cumplimiento de la normativa reguladora de la seguridad convivencia y habitabilidad, competencias estas municipales.

EL IMPACTO EN LOS BLOQUES DE VIVIENDAS

Asimismo, abogan por reforzar la intervención de la Comunidad de propietarios en la que se encuentran. Se trata, explican, “de proteger la seguridad y bienestar de quienes se ven obligados a convivir con esta fórmula de uso, ajena y contraria a la ordinaria de residencia habitual de una familia”. .

En este sentido, llaman la atención sobre el fenómeno de concentración de viviendas turísticas en un mismo inmueble, dándose el caso de comunidades en las que 8 de cada 10 viviendas, por ejemplo, acuerdan y aprueban su actividad como viviendas turísticas, dando lugar “a un auténtico hotel de hecho”. En otras ciudades españolas esto es un fenómeno que se extiende a barrios enteros de los centros urbanos o cascos históricos.

El control de las personas en el sentido numérico para evitar situaciones de masificación dentro de una única vivienda (que se vigilan en los hoteles) o la normativa de accesibilidad (garantizar que puedan acceder a ella las personas con algún tipo de discapacidad, como se hace en los hoteles) son otras de sus aportaciones

UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA

Hostelería ya rechazó normativas anteriores al entender que «favorecía claramente la proliferación» de unas viviendas que tenían menos exigencias y cuyo control deja al margen al 80%, advirtiendo de que muchos problemas empiezan a darse de forma  «incipiente», pero en claro aumento.

En cualquier caso, los hosteleros dejan claro que las viviendas turísticas deben considerarse como una actividad económica empresarial, con todo lo que ello implica.

Y apuntan que, “en todo caso, debe limitarse el uso de esta fórmula alojativa a periodos no superiores a los 30 días al año”. Más allá de esos 30 días, deben funcionar como empresas.

Más allá, abogan por extender una regulación transitoria a las autorizaciones concedidas desde 5 años hacia atrás, concediendo un periodo de 6 meses para su adecuación a la normativa.

ACTIVIDADES QUE “SOBREPASAN LOS LÍMITES NORMALES” DE LA CONVIVENCIA

La Asociación de Hostelería se remite a un informe de Exceltur que enumera los aspectos negativos, recabados entre entidades vecinales, de esta modalidad.

Según recuerdan, la compatibilidad entre uso residencial y terciario hotelero en el mismo inmueble (por ejemplo, determinadas pensiones), siempre ha generado serios problemas. Por eso se tiende a organizar los usos en zonas residenciales y en zonas turísticas en las que se concentren los hoteles (los centros más históricos o, ejemplo de Santander, la zona de El Sardinero).

Niveles de ruido que perturban el descanso de los residentes, una necesidad mayor limpieza de los espacios comunes, pérdida de seguridad en el edificio y párking por la entrada de terceras personas y un mayor desgaste de las zonas comunes son algunas de esas consecuencias que suponen un “deterioro en los niveles de convivencia ciudadana y en la calidad de vida de los residentes”….

“Estas actividades sobrepasan los límites normales de la tolerancia a que obligan las normas de convivencia social”, hasta el punto de que hay sentencias judiciales que tachan abiertamente la actividad de hospedaje como “dañosa” , que supone “
una serie de molestias que van más allá de la normal convivencia que se desarrolla en el inmueble”, como recoge abundante jurisprudencias desde los años 70.

La Administración, remarcan, “es consciente de la gravedad de los problemas que ocasiona la proliferación de viviendas turísticas dentro de una Comunidad de Vecinos”, y más cuando se prescinde y se va “en contra de la voluntad de los propietarios”, lo que supone una conducta contraria a los principios que deben orientar la actividad normativa de la administración como es, recuerdan, “velar por el interés general”.