El fondo trasladó a los vecinos de Santa Clara que las obras para convertirlo en viviendas turísticas “afectarían a su vida diaria” mientras encargaba un proyecto que suponía el “desalojo total”
Cuena Global, el fondo de gestión de finanzas administrado por el inversor argentino Jorge Pepa, trasladó a los vecinos de Santa Clara, 8 (en Santander, frente al instituto del mismo nombre), que las obras para convertir este inmueble en apartamientos turísticos iban a “afectar” a la “vida diaria” de los residentes, mientras constaba un proyecto que ya contemplaba el “desalojo total”.
Así lo refleja documentación consultada por EL FARADIO y relacionada con el proceso, que coincide con un debate social general sobre el impacto del turismo masivo en los precios de la vivienda y la expulsión de vecinos, tanto local como autonómico (con el proceso de elaboración de un nuevo decreto sobre viviendas turísticas) e incluso estatal, con hitos como la manifestación en Canarias.
El de Santa Clara,8, avanzado por EL DIARIO MONTAÑÉS, es no sólo el primer caso concreto en trascender públicamente en Cantabria de expulsión de inquilinos por vivienda turística, sino también el primero que afecta a un bloque entero y también el primero en que en lugar de particulares, rentistas o empresas del sector inmobiliario el protagonista es un fondo de gestión financiera que ha iniciado el proceso de compra del edificio a su propietario inicial.
LA PRIMERA NOTICIA, UNA CARTA BUZONEADA
El asunto, tanto el concreto de este inmueble como el de las viviendas turísticas y las medidas municipales para regularlas, llegará el viernes al Pleno municipal por una batería de preguntas del PSOE de Santander y por la presentación de preguntas desde el público por la PAH.
Los vecinos (el edificio se había ido vaciando y quedaban cuatro, entre ellos alguno de renta antigua), tuvieron el primer conocimiento de esta situación, , por un escrito buzoneado por el conserje.
En él se trasladaba tanto el acuerdo del fondo con el propietario del edificio como la intención de mantener reuniones para concretarles los planes.
Y se avanzaba que las obras que se realizarían “inevitablemente” en el inmueble para adaptarlo de forma “eficaz” al nuevo uso iban a “afectar a su vida diaria”, por lo que se emplazaban a hablar con ellos de los detalles.
Esos trabajos, que suponen la rehabilitación del inmueble, nuevos huecos de escalera, otro ascensor y renovación de servicios, tendrán un valor estimado de en torno a los 5 millones de euros, según detallaba EL FARADIO.
Sin embargo, un par de semanas después de ese primer escrito, se contaba ya con un primer proyecto en el que se estipulaba que las obras, con una duración de 24 meses, pasarían ya del “afectar a la vida diaria” a suponer el “desalojo total” de los vecinos, dado el carácter integral de la rehabilitación.
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