El colectivo Derecho Subjetivo, que trabaja por favorecer el acceso a la vivienda en Cantabria, se ha reunido este martes con representantes de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), órgano de representación de los ayuntamientos en la comunidad.

En concreto, les ha recibido su presidente, Francisco Javier Camino (alcalde de Mazcuerras por el  PP) , el vicepresidente primero  Eduardo García (alcalde de Campoo de Yuso por el PRC ) y el vicepresidente segundo Roberto Escobedo (alcalde de Val de San Vicente por el PSOE ).

Y les han trasladado, a falta de una Ley Integral de Vivienda, “, necesaria como el comer”, la necesidad de que en los municipios cántabros se implante un protocolo de actuación para cuando se produzcan desahucios.

Desde Derecho Subjetivo les han presentado un esquema, un boceto, unas ideas sobre cómo implementarlo , partiendo de la experiencia de sus integrantes con distintos casos de desahucios, advirtiendo de que el protocolo deberá ser de los ayuntamientos, “y sólo con su voluntad y aportaciones podrá llevarse a cabo”, si bien avanzan que necesitarán ayuda.

En definitiva, se trata de “que ayuden a sus vecinos”,  sea de forma individual o mancomunada, teniendo en cuenta que la Federación representa a todos los ayuntamientos cántabros y que entre los tres partidos cuentan con 95 de la totalidad de los alcaldes de Cantabria y un total de 900 concejales.

Desde la Federación de Municipios, por su parte, se han comprometido a enviar la propuesta a todos los todos los ayuntamientos de Cantabria e incluir el asunto en el orden del día de la próxima reunión general de este órgano.

LO QUE DICEN LAS CIFRAS Y LO QUE NO

Derecho Subjetivo les ha traslado el “enorme problema humano” que suponen las consecuencias derivadas de los desahucios en Cantabria, ya que, según datos del Poder Judicial, cada semana, en días laborales, día sí y día no, se produce un desahucio en nuestra comunidad autónoma.

Aunque recalcan que además de esas cifras oficiales, están los desahucios que no se contabilizan al producirse de forma silenciosa, sin que las familias levanten la voz, sea “por vergüenza” o por el “qué dirán”, de modo que “la cifra real puede ser verdaderamente escalofriante”.

El colectivo insiste, más allá de los números, en el drama que sufren las personas desahuciadas “en forma de desarraigo, trastornos por estrés, trastornos psicológicos , exclusión social y angustia vital que puede acabar incluso en suicidio”, y recuerdan casos como el de las hermanas septuagenarias vecinas de la calle Burgos, halladas muertas en su casa tras haber recibido la notificación de un desahucio y sin haberse enterado del aplazamiento que se había conseguido.

Es, alertan, “un problema que afecta a mayores y niños, que puede afectar a cualquiera” y en el que “nadie, salvo los ricos, está fuera de peligro”.  Más aún, con la actual situación y problemática de la vivienda en Cantabria, en un momento en que se debate sobre el impacto de la turistificación en los precios de los alquileres y la expulsión de familias, pese al escudo social que “como puede comprobarse, no cubre a todos”.

Por tanto, recalcan que «es tiempo de hechos», «de acciones y soluciones» y «no valen excusas» ya que «una excusa jamás será un motivo».