Jorge Fernández, presidente del Foro Sanitario de Cantabria y decano del Colegio de Fisioterapeutas de Cantabria, se ha reunido con Óscar Fernández Torre, director  general de Planificación, Ordenación, Gestión del Conocimiento y Salud Digital, para tratar los datos de  la reciente memoria sobre agresiones a profesionales sanitarios en la región. El encuentro, que tuvo lugar en las oficinas de la Consejería de Salud también contó con la participación del presidente del Colegio de Odontólogos, José Luis Piñal Matorras; del Colegio de Psicólogos, Francisco Javier Lastra Freige; la presidenta del Colegio de Farmacia, Rita de la Plaza Zubizarreta; el presidente del colegio de Medicina, Javier Hernández de Sande y, en representación del colegio de Enfermería, Marta Saiz Rejano.

Durante la reunión, se presentaron datos que reflejan un incremento en los casos de agresiones al personal sanitario en Cantabria. En 2023, se reportaron 306 agresiones, de las cuales el 78% fueron a mujeres y el 22% a hombres. Los datos destacan una preocupación significativa por la seguridad de los profesionales de la salud en el ejercicio de sus funciones. La categoría profesional más afectada fue la de los facultativos, seguida por enfermeras y personal administrativo.

La distribución de los datos por sector profesional arroja estas cifras: 96 notificaciones a facultativos, 80 a personal de enfermería, 78 a administrativos, 32 a técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, 14 a celadores, 3 a higienistas dentales, 2 a fisioterapeutas y 1 a odontólogos.

En este sentido, los administrativos muestran el índice de incidencia más alto con 71,95 por 1.084 trabajadores, mientras que los fisioterapeutas tienen el menor con 10,52.

Las agresiones se producen, en mayor medida en Atención Primaria, con 214 casos, seguido por el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla con 65 casos. Los hospitales de Laredo y Sierrallana reportaron menos casos, con 15 y 12 respectivamente.

La mayoría de las agresiones fueron cometidas por pacientes (72%), seguidas por familiares (25%) y en lo que tiene que ver con denuncias y respuesta administrativa, sólo un 21% de las agresiones fueron denunciadas a alguna autoridad y la mayoría de los casos (32%) no recibieron ninguna actuación administrativa, mientras que el 48% recibió una carta y el 10% pasó a vía judicial.

Jorge Fernández ha subrayado la importancia de continuar con las políticas de prevención y respuesta rápida frente a las agresiones, “debemos fortalecer nuestros mecanismos de respuesta y asegurarnos de que cada incidente sea tratado con la seriedad que merece.”

Uno de los puntos destacados de la reunión fue la revisión de la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria (LOSCAN), que recientemente ha sido modificada para incluir sanciones por faltas menos graves, como insultos y agresiones verbales leves. Estas modificaciones también se extienden ahora al personal sanitario del sector privado, asegurando que todas las formas de violencia hacia los trabajadores de la salud sean debidamente sancionadas.

La reunión concluyó con el compromiso de seguir colaborando en la implementación de estrategias efectivas que garanticen un entorno laboral seguro y respetuoso para todos los profesionales sanitarios en Cantabria.