La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Santander ha aprobado ampliar a Légamo Infraestructura Verde parte del plazo que tenía fijado esta empresa para cumplir con el contrato de Parques y Jardines en la ciudad del que es adjudicataria.

En concreto, según refleja documentación municipal revisada por EL FARADIO, el plazo se refiera a la implantación de la plataforma informática de gestión integral del servicio, y la ampliación será de seis meses tras.

Lo ha solicitado la propia empresa, que ha alegado que necesita más plazo dada la “complejidad” de la implantación de la Plataforma de Gestión del Servicio en el Centro de Procesamiento de Datos (CPD ) municipal, y las dificultades “imprevistas” para realizar su  configuración e integración con las plataformas municipales.

Acciones que, apuntan, no se pueden iniciar hasta no disponer de los equipos de Hardware necesario para su implantación.

Ante esta petición, el Servicio de Contratación del Ayuntamiento solicitó informes a la Directora General de Innovación, Transformación Digital y Modernización y al Servicio municipal de Parques y Jardines, que es el responsable del contrato.

Desde Innovación se respondió señalando la “imposibilidad” de dar cumplimiento a la implantación de la Plataforma de Gestión del Servicio en el Centro de Procesamiento de Datos (CPD ) municipal en el plazo de 3 meses,

Y desde Parques y Jardines se añadió que las causas del retraso que esgrimía Légamo no eran su responsabilidad, algo que luego corroboró en un segundo informe el área de Innovación.  Ambos departamentos concluyeron que procedía autorizar esa ampliación de plazo.

En detalle, el motivo que daba Innovación en su segundo informe era que aún no se habían creado en el CPD municipal las máquinas virtuales para el despliegue de la plataforma.

Y como la empresa no tiene acceso a estas máquinas, resulta” imposible” determinar los plazos de implantación máximos para cada de las funcionalidades solicitadas en el pliego.

Como el retraso se debe a una circunstancia achacable, tal y como señalan los informes municipales, al Ayuntamiento y no a la empresa, entonces no supone penalización para Légamo por incumplimiento de contrato.

El contrato de Parques y Jardines tiene un valor de  11,3 millones al año durante cuatro años, y se adjudicó a Légamo, que es una filial de URBASER, quien ya gestionó ese contrato en el pasado en una UTE (Unión Temporal de Empresas) con la que acabó en los tribunales, perdiendo el Ayuntamiento.

LAS FECHAS

El contrato establecía una duración de 4 años, contados desde el 1 de mayo de 2023, detallando que a partir de entonces tendrían seis meses de plazo para la implantación completa de todos los requerimientos de gestión integral del servicio y el control y seguimiento de todas las diferentes prestaciones con integración completa de toda la información en la Plataforma Smart City Santander. Esos seis meses llevaban hasta el 1 de noviembre de 2023.

La petición de ampliación de plazo se hizo en septiembre de 2023, por lo que al hacerse antes de vencer la fecha de noviembre, entra en plazo.

Los informes municipales de los departamentos de Innovación y de Parques y Jardines, así como otro de Intervención, se emitieron entre febrero y abril de 2024.

Una vez examinados, se acuerda conceder una aplicación retroactiva, es decir, desde el 1 de noviembre de 2023 hasta 1 de mayo de 2024.

Si bien en el acuerdo de la Junta de Gobierno local, suscrito a finales de abril de 2024, ya se advierte de que la empresa puede solicitar una nueva ampliación de plazo.

EL PRECEDENTE DE LAS BASURAS

No es la primera vez que se produce un problema de acople tecnológico en un servicio público gestionado por una empresa privada: con el contrato de las basuras (que lleva casi tres años en una adjudicación de emergencia), la anterior adjudicataria, ASCAN, del Grupo SADISA,  no llegó a conectar en plazo con la plataforma SMART (el sistema de recogida de datos basado en sensores inalámbricos que el exalcalde De la Serna convirtió en uno de los ejes de su mandato), lo que además impidió el control efectivo del contrato y el seguimiento a las quejas.

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