Izquierda Unida urge a activar el Consejo LGTBI de Cantabria, como forma de impulsar por el desarrollo de los mecanismos de protección y ampliación de derechos al colectivo, y también de “desterrar cualquier tentación de retroceso” que pudiera tener el Ejecutivo autonómico.

Así lo señalaba la portavoz autonómica de Izquierda Unida en Cantabria, Carmen Martín, quien recuerda que el PP se “estrenó” en el Gobierno de Cantabria intentando echar para atrás un centro de acogida a refugiados y anunciando la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática.

Militantes de IU se han implicado en la lucha de los colectivos sociales contra esos anuncios,porque “como siempre que hay un conflicto o una lucha, estamos ayudando, en las calles o en las fábricas” y, en la misma línea, urgen ahora a la creación del Consejo LGTBI de Cantabria.

Según ha explicado, se trata de un organismo de participación de las entidades que representan y defienden al colectivo LGTBI en Cantabria, un mecanismo previsto en la propia Ley que se aprobó la legislatura pasada y que requiere su propio desarrollo legislativo.

De hecho, recordaba Martín, en esa Ley se daba un plazo máximo de dos años desde la aprobación para dar este paso del Consejo LGTBI, y ese plazo finalizó en diciembre de 2022.

“Esperamos que ese retraso en el Gobierno de la ‘agilidad administrativa’”, ironizó, “no sea la antesala de recortes de derechos ni un síntoma de desatención al colectivo” porque, remarcaba, “en la Cantabria real viven personas LGTBI con problemas reales, que sufren discriminación, violencias y amenazas en sus derechos, que quieren desarrollar sus vidas y sacar adelante a sus familias sin trabas de la sociedad, la administración o problemas en el mercado laboral”.

“Queremos una Cantabria para vivir y no se puede hacer si permitimos que sectores de la población no pueden desarrollar sus vidas y derechos en plenitud”, insistía.

FUNCIONES DEL CONSEJO LGTBI

La dirigente de IU ha enumerado algunas de las funciones que la formación ha propuesto en el período de exposición pública sobre la creación de este Consejo, el cual, plantean que debe ser un órgano colegiado de representación, participación y consulta en todas aquellas materias y políticas que afecten a los derechos e intereses de las personas del colectivo en la comunidad.

Para empezar, insiste en que la consulta a este organismo sobre políticas que afecten al colectivo sea preceptiva, es decir, obligatoria, y todo con una “total autonomía e independencia”, lo que implica una personalidad jurídica y sin presencia en su composición de ningún miembro del Consejo de Gobierno.

Así, se plantea que debe servir de marco de colaboración y coordinación estable que agrupe a todos los actores implicados en materia LGTBIQ+ de Cantabria: Administración Pública, movimientos sociales, sociedad civil, partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales…

Desde el Consejo se deberán analizar y poner en común propuestas relacionadas con las políticas LGTBIQ+ y la promoción de la igualdad de trato, no discriminación y participación social de las personas LGTBIQ+.También será el foro donde exponer criterios y observaciones relativas a proyectos, planes y programas relacionados.

Asimismo, allí se deberá recibir información sobre programas y actividades que lleve a cabo la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, así como las Administraciones Locales en materia LGTBIQ+, igualdad de trato, no discriminación y participación social de las personas pertenecientes a este colectivo.

Entre sus tareas, Izquierda Unida propone elaborar un estudio anual sobre la situación de las políticas LGTBIQ+, igualdad de trato y no discriminación en Cantabria, así como una memoria anual sobre los trabajos y actividades realizados, incluyendo el conocimiento y evaluación de la información estadística autonómica.

Además, apuesta porque sea el lugar que sirva para canalizar propuestas, recomendaciones y observaciones relativas a aquellas iniciativas, planes y programas que pueden afectar a las personas LGTBIQ+, especialmente a aquellas en mayor situación de vulnerabilidad (como migrantes, mayores, personas del entorno rural), con especial atención a la cooperación y coordinación con otros órganos análogos de ámbito internacional, estatal, autonómico o local.

Se trata, según planteaba Martín, de conseguir “un mapa de la realidad de la situación de las personas LGTBIQ+ en Cantabria, para que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma puedan establecer las políticas y programas públicos más adecuados para conseguir la igualdad real y efectiva de las personas pertenecientes a este colectivo.”

Para la consecución de sus fines este Consejo deberá contar con los recursos económicos y técnicos necesarios para la elaboración de sus propuestas, recomendaciones, informes y dictámenes, de modo que en los presupuestos generales de Cantabria de cada año se dotará al Consejo de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus fines, sin retribución económica para sus miembros.