Doce organizaciones se unen para constituir la Plataforma Abolicionista de Cantabria

La Plataforma se coordinará con su homóloga estatal y busca trabajar en la sensibilización de la población cántabra sobre las víctimas del sistema prostitucional y luchar por una ley integral que aborde la abolición de este tipo de esclavitud.
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La Plataforma Abolicionista de Cantabria ha aprobado su constitución después de diversas reuniones de trabajo en las que han participado varias asociaciones y organizaciones feministas de la sociedad civil y política.

La Plataforma estará compuesta inicialmente por la Red Cántabra Contra La Trata, APLEC Inclusión más Igualdad, Asociación Nueva Vida, la Asamblea De Mujeres De Cantabria, Cambera Feminista, Asociación Consuelo Berges, Mujeres Y Teología, el Observatorio De La Violencia Obstétrica De Cantabria, Encuentros y Solidaridad, y los partidos políticos Podemos y Partido Regionalista de Cantabria (PRC) e Izquierda Unida.

La Plataforma Abolicionista de Cantabria se coordinará con la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución (PAP), para trabajar con el objetivo común de «sensibilizar a la población de Cantabria sobre el sistema prostitucional y sus consecuencias para la vida de mujeres, niñas y niños, especialmente aquellas que provienen de entornos vulnerables y migrantes en situación irregular».

«Consideramos que se debe trabajar por una propuesta abolicionista del sistema prostitucional que se enfoque en proteger a las mujeres en situación de prostitución, y que persiga y penalice a los puteros y proxenetas como defiende la Plataforma Estatal», explican sus responsables.

Entre las medidas que consideran imprescindibles, la Plataforma Abolicionista de Cantabria prioriza la reparación e integración de las víctimas y el desarrollo de herramientas penales, administrativas e institucionales que colaboren en el desmantelamiento de la industria del sexo, combatiendo el proxenetismo y desactivando la demanda, porque su continuación condena a todas las mujeres a la categoría de mercancía y esto es incompatible con la igualdad de género y los Derechos Humanos.

Para ello, la Plataforma anuncia que continuará luchando por una Ley Orgánica de la Abolición del Sistema Prostitucional (LOASP) y por aplicar el modelo de los países abolicionistas, «tal y como lleva años promoviendo el movimiento feminista español».

Argumentan que España es uno de los países con mayores cifras de explotación sexual de mujeres «y en el que los proxenetas y puteros se mueven con mucha impunidad».

Ante ello, la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución lleva años desarrollando todo tipo de actuaciones a las que ha invitado a sumarse a las organizaciones feministas de Cantabria. Destaca entre ellas la elaboración de una propuesta de Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional (LOASP), que tiene como objetivo garantizar a las mujeres en situación de prostitución, con independencia de su situación administrativa, la protección de sus derechos fundamentales a la integridad física y psicológica, a la indemnidad, a la seguridad y a vivir una vida libre de violencia.

También pretenden asegurar los recursos necesarios para la atención, reparación integral e inserción socio laboral de las mujeres en situación de prostitución que lo requieran.
Y plantean la construcción de «una conciencia colectiva que vea la prostitución como una práctica incompatible con el principio de igualdad entre mujeres y hombres, derechos humanos y lucha contra la violencia de género».

Por ello, reclaman un abordaje integral que abarque todo un conjunto de políticas públicas dirigidas especialmente a la prevención, sensibilización, educación y formación, al acceso a oportunidades para salir de la prostitución, la concesión de permisos de residencia, etc., tal y como está recogido, recuerdan, en la LOASP «y que dicha propuesta de Ley, elaborada por amplios sectores del feminismo, sea debatida, reciba todas las enmiendas precisas, se tramite en el Parlamento, y sea aprobada e implementada».

 

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