Como un reconocimiento a su compromiso con la ciudad, así justificaba la misma semana pasada la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ante el presidente de la Fundación Botín, Javier Botín, el próximo bautizo del espacio frente al Centro Botín como Plaza Emillio Botín. Es decir, la propia decisión se enmarcaba en una forma de reconocer que el banquero se ‘merecía’ poner nombre a un espacio público porque los espacios públicos se dedican a gente a la que se le atribuyen hechos meritorios.

De ese argumentario –que sustituye al habitualmente empleado por el PP de Santander y sus replicadores argumentales en torno a la continuidad de las calles con nombres franquistas, que eran parte de la historia, aunque no se hubieran puesto nombres a otros episodios o protagonistas de la historia con acciones negativas – se parece deducir que las calles que siguen llevando nombres de militares, gobernantes o mitos de la dictadura franquista es porque se lo merecen.

El callejero de la historia

Pero es que más allá de los vaivenes argumentales que hacen que el PP se resista a cambiar estos nombres, derivando la decisión política de no ensalzar referentes de dictaduras a un inacabable laberinto de comités de expertos no atendidos o de comisiones –el motivo que se esgrimió también para no reconocer a las víctimas del bombardeo nazi del Barrio Obrero–, hay otro argumento insoslayable: es ilegal.

Los bombardeos aéreos no discriminaron: familias enteras, niños, sindicalistas, vecinos del mismo bloque o falangistas, entre los muertos del Barrio Obrero, el Gernika santanderino

“Las víctimas de los bombardeos son nuestras victimas”: nada recuerda al Gernika de Cantabria

Es ahí donde van a poner el acento un grupo de ciudadanos que acudirán este lunes a presentar acciones judiciales ante la Fiscalía, por la “reiterada negativa o dilación” del Ayuntamiento de Santander, que vulnera así el artículo 35.2 y 35.3 de la Ley 20/2022 del 19 de octubre de Memoria Democrática que exige claramente que sean eliminados los símbolos contrarios a dicha Memoria, tanto del estado como autonómica.

De hecho, se anima a acudir a las 11 a Fiscalía (en el complejo judicial de Salesas, en Santander) a presentar la denuncia, que podrá tramitarse también más adelante.

Según recalcan, “la nomenclatura de las calles se asigna como un honor y un reconocimiento a la labor o a las acciones de personas destacadas”, por lo que ven como “ un insulto a las víctimas y a la ciudadanía en general” mantener el nombre del General Dávila, que fue un militar africanista y golpista, jefe del Frente Norte a la muerte del general Mola durante el enfrentamiento derivado del fracaso del golpe de estado de 193, y que dirigió tareas represivas sobre la población que causaron miles de víctimas. También fue ministro de la dictadura.

O Camilo Alonso Vega, a su vez, también militar golpista, que participó en la guerra y posteriormente fue ministro de la dictadura.

“Ambos nombres son un insulto a la ciudadanía de Santander que no merece glorificar en sus calles a personajes tan siniestros de nuestra historia”, mientras que “las calles deben llevar nombres de personas de las que nos sintamos orgullosas”.

Porque, según recuerdan al PP santanderino tras décadas de gobierno en La Casona, “las leyes son de obligado cumplimiento”, incluso “aunque no gusten”.