Ante la noticia de la próxima apertura de una casa de apuestas en la calle Hermanos Calderón y la consiguiente alarma que ha generado entre los vecinos del entorno debido a su cercanía con cinco centros educativos, los grupos municipales socialista y regionalista en el Ayuntamiento de Santander han manifestado su oposición y han mostrado su intención de paralizar cualquier licencia en este sentido.

El PRC de Santander ha culpado al Ayuntamiento de permitir la apertura de un nuevo local de juego cuando la ciudad «sobrepasa el ratio máximo permitido por ley» y ha solicitado la revisión de las distancias con los centros educativos y que las administraciones implicadas adopten las medidas necesarias respecto a la apertura de una nuevo salón de juegos en la calle Hermanos Calderón 28.

El portavoz regionalista, Felipe Piña, ha señalado en un comunicado que el artículo 25.5 de la Ley 4/2022, de 24 de junio, de Regulación del Juego en Cantabria indica que «se entenderá que existe concentración excesiva en aquellos municipios en los que exista más de un establecimiento de juego por cada 4.000 habitantes, con la excepción de aquellos municipios de más de 150.000 habitantes, en los que se entenderá que existe la citada concentración excesiva en el caso en que exista más de un establecimiento de juego por cada 7.000 habitantes».

Un artículo al que también recurre el portavoz municipal socialista, que preguntará  en el Pleno que se celebra este viernes, 28 de junio, cuántas casas de juegos y apuestas hay en Santander.

Los socialistas santanderinos quieren saber también si se supera la ratio de un negocio por 7.000 habitantes que convertiría a Santander en una ciudad con una «concentración excesiva» incumpliendo la Ley 4/2022 de Regulación del Juego en Cantabria.

«Los vecinos y el PSOE haremos todo lo posible para parar la licencia y la casa de juegos y apuestas de Hermanos Calderón no verá la luz», ha afirmado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Daniel Fernández, tras registrar una batería de preguntas.

Entre las cuestiones que los socialistas quieren saber está también qué actuaciones urbanísticas ha llevado a cabo el Ayuntamiento en relación con el nuevo Salón de Juegos y Apuestas de la calle Hermanos Calderón.

Por último, Daniel Fernández ha dicho que «la ubicación de un negocio de estas características, también debe tomar en consideración la población del entorno en que se ubica y cómo su ubicación va a interferir en el desarrollo y formación de menores de edad que pueden tender a normalizar una actividad que puede llegar a generar graves riesgos para personas en formación».

«Los vecinos de Nueva Montaña y el Grupo Municipal Socialista compartimos esta preocupación, no queremos una sala de juego y apuestas tan cerca de tantos centros educativos y formativos, haremos todo lo posible, con todos los instrumentos a nuestro alcance, para que no se instale ahí», ha concluido.

El portavoz regionalista municipal, Felipe Piña ha explicado que tras realizar l una «búsqueda no exhaustiva» han encontrado  «más de una treintena» de establecimientos de juego para los 174.066 habitantes de la ciudad -según los datos proporcionados por el INE en 2023-, lo que refleja la existencia de «un establecimiento de estas características por cada 5.000 habitantes de la ciudad».

Así, Piña ha acusado al equipo de Gobierno de «dejación de funciones» al «no actuar con diligencia y frenar» la permisión de licencias en el momento en el que Santander superó el umbral que marca la normativa para la consideración de concentración excesiva de establecimientos de juego.

Para el portavoz regionalista esta es «una muestra más del caos absoluto que reina en Santander», tal y como se ha visto recientemente con el tema de los pisos turísticos, «ya que a día de hoy todavía se desconocen cuántos hay y dónde se localizan».

Por este motivo, desde el PRC instarán al equipo de Gobierno en el Pleno de esta semana a realizar «de forma urgente y prioritaria» un recuento exhaustivo de los establecimientos de juego ubicados en Santander y que el mismo sea remitido al Consejo de Gobierno, asociaciones, grupos políticos y medios de comunicación, además de a elaborar un estudio relativo a los efectos en el entorno de los mismos realizados por expertos en la materia.