Como si de una oferta se tratase.
Como si de el coste de una escena de película gore para muy amantes del género.
Como si fuese la subvención ofrecida por un político facha, con el fin de aligerar el censo de personas ( o lo que sea que son para los fachas) molestas, por no ser «como dios manda».

Pero no.
No es ficción.
No sé trata de ningún «como si».
Se trata de que en Barcelona, fíjate por dónde, también llegan tarde.
Se trata de que allí, dos hermanas que vivían una en compañía de la otra, iban a ser desahuciadas.

Iban. Ya no. Ya no molestan a nadie.
Eso, suponiendo que alguna vez molestasen.
Porque, lo que sí es cierto, lo que es medible y cuantificable, es que ninguna administración pública, se ha tomado la molestia de abonar los 9.000 euros de deuda al casero que tenía alquilado el piso a las dos hermanas.
Para cosas así no hay presupuesto.

Ninguna administración pública intermedió con éxito entre las partes para conseguir un acuerdo y se preocupó por encontrar una alternativa habitacional a las dos hermanas.

Ninguna administración pública tenía previsto un PROTOCOLO de ayuda, para casos de desahucio.
Y si allí lo tenían peor me lo pones. No lo usaron.

Esto lo conocemos muy bien.
Hace dos años ocurrió aquí, en Santander, con el suicidio de las hermanas vecinas de la calle Burgos.

¿Saben qué?
Puede volver a pasar en cualquier momento.
Ningún ayuntamiento de Cantabria tiene un protocolo de actuación concreto y pormenorizado sobre cómo actuar en casos de riesgo de desahucio.
Y no será porque no se les haya solicitado, reclamado, pedido (pongan la palabra que gusten), y tratado de explicar la urgencia del mismo.

Si no han ocurrido más desgracias, es porque ocurren milagros todos los días.
Mejor dicho, día sí y día no.
Porque ese es el ritmo promedio de desahucios en Cantabria. Tres a la semana.

No crean que me lo invento.
No imito la película de Berlanga ‘Los jueves milagro’.
Aquí, con los jueves no damos abasto.

Por eso es imperativo tener una Ley de Vivienda para Cantabria.
Una Ley de Vivienda que recoja el DERECHO SUBJETIVO de los cántabros a la vivienda, tal y como sucede en otras comunidades autónomas.

Y paralelamente y con urgencia implantar un PROTOCOLO de actuación para hacer frente a los dramáticos problemas que ocasionan los desahucios, en las familias que los sufren.

Un plan que incluya el asesoramiento e intermediación, como elementos para evitar llegar a situaciones dramáticas y extremas.

Con la obligación, para los grandes tenedores de tener teléfono, oficina física, correo electrónico, etc, y estar localizados.

Porque ese es el método que utilizan para no prestarse a negociar.
Estar ilocalizable.

Estamos avisados.
Sabemos qué ocurre.
Sabemos las consecuencias.
Ningún responsable político puede llamarse a engaño en este asunto.

No hablo de responsabilidades políticas.
Hablo de responsabilidades penales por negligencia y dejadez.

O, por lo menos, que se les haga copiar cien veces «esas cosas no se hacen».