Izquierda Unida de Cantabria ha presentado sus alegaciones al decreto de viviendas de uso turístico, entre las que se incluyen medidas como la apertura de un período extraordinario de inspección de todas las que se estén ofreciendo, así como una moratoria a la concesión de nuevas licencias, la aprobación de una tasa para la financiación de los costes de los servicios y que se excluya de su gestión a las personas jurídicas, esto es, empresas y sociedades.

Son algunas de las medidas incluidas en sus alegaciones al decreto de regulación de las viviendas de uso turístico que acaba de presentar el Gobierno de Cantabria, y que buscan “mayor regulación, luchar contra el descontrol y el incumplimiento de la Ley”, así como “proteger a las familias trabajadoras y favorecer su acceso a la vivienda”.

El coordinador de Izquierda unida en Cantabria, Israel Ruiz Salmón afeaba el “negacionismo” del PP, que rechaza que las viviendas turísticas sean las responsables del incremento de los precios del alquiler, “en contra de lo que dicen todos los expertos, lo que perciben alcaldes e inquilinos, lo que muestran los estudios académicos, lo que admiten los propios políticos del PP en otros territorios y lo que dicta el más elemental sentida común”.

Desde la organización recriminan al Gobierno de Cantabria que enfoque el problema sólo desde la perspectiva económica, obviando otros aspectos en los que influyen las viviendas turísticas, como la ordenación del territorio o las propias políticas de vivienda. También reprochan al Ejecutivo que renuncie no sólo a sus propias competencias, sino también a la que les atribuye la Ley de Vivienda estatal “para abordar el principal problema que tienen las familias hoy, la falta o dificultad de acceso ante la escalada de precios”.

INSPECCIÓN EXTRAORDINARIA

Las alegaciones de Izquierda Unida inciden en la apertura de un período extraordinario de inspección de todas las viviendas turísticas que se extienda a todas las que se anuncien en portales Web e inmobiliarias.

Esta función inspectora debe incluir también las cuestiones relacionadas con accesibilidad universal, para evitar discriminaciones a personas con discapacidad, o consumo, por publicidad engañosa.

Y no se limita a esta campaña extraordinaria, sino que plantea campañas de inspección regulares en los picos más altos de ocupación (entre junio y septiembre, Semana Santa, los puentes de mayo, octubre o noviembre…)

RECHAZO A LA PRESENCIA DE FONDOS

Además, Izquierda Unida pide que se evite la entrada de los fondos en la gestión de las viviendas turísticas al rechazar una de las principales novedades del decreto autonómico: la apertura de la gestión a las personas jurídicas, es decir, a empresas y sociedades.

El coordinador de la coalición cántabra, Israel Ruiz Salmón, ha asegurado que esta nueva medida “empeora” la calidad de vida e ignora el derecho constitucional a la vivienda, y que al abrir la gestión a esta nueva modalidad provocará un “traspaso de renta” de las clases bajas inquilinas al rentismo organizado en empresas.

MORATORIA

En sus alegaciones, Izquierda Unida reitera la petición que trasladó en el anterior período de consultas, la aprobación de una moratoria, es decir, que no se concedan nuevas autorizaciones para viviendas de uso turístico (algo que en su día se hizo con la Ley del Suelo y la construcción de viviendas en el litoral, por ejemplo).

Mientras se estudian los efectos del presente decreto, se establecería una moratoria de dos años en la autorización de nuevas licencias para las viviendas de uso turístico.

TASA TURÍSTICA

La formación se muestra muy crítica con que se derive la responsabilidad de la regulación a los ayuntamientos sin que esto vaya acompañado de medios humanos y materiales para abordar el incremento de carga de trabajo, por lo que plantean una línea de ayudas, advirtiendo de que loss que no cumplan con las normas se verán excluidos de las ayudas al desarrollo de las Fiestas de Interés Turístico Regional y otras subvenciones de carácter turístico.

Desde la formación se hace hincapié en la necesidad de una tasa turística que contribuya a financiar el mayor gasto en servicios públicos que supone a los ayuntamientos el incremento de la población, que tendrá 2 euros de parte fija en toda Cantabria por turista y noche, y entre 0 y 2 euros la parte variable según criterio de cada ayuntamiento.

LÍMITES AL USO

IU también fija en sus alegaciones límites al porcentaje de viviendas turísticas (5 por cada 500 habitantes), que en los canales de venta se reserve el 80% de lo que ofrezcan para usos residenciales y que no puedan usarse para estos fines más de 30 días seguidos al año seguidos o 45 de forma intermitente. En ningún caso se podrá combinar, dentro del mismo año fiscal, la modalidad de alquiler residencial y de uso del inmueble como vivienda de uso turístico.