Izquierda Unida de Cantabria defiende una “amplia reforma de los modelos de financiación autonómica y local”, con un sistema “justo para todo el Estado, que garantice la solidaridad y los servicios públicos impidiéndose el dumping fiscal del PP en la comunidad”.

El coordinador de IU en la comunidad, Israel Ruiz Salmón, se pronuncia así tras el debate abierto por el acuerdo entre el PSOE y ERC en Cataluña y plantea“la vigencia de un modelo federal y solidario que beneficie a la clase trabajadora del país en función de sus necesidades y no del territorio donde habite”

Esta formación entiende que las “necesidades reales de las personas deben estar por encima del hecho territorial en que se produzcan”, por lo quese debe “evitar que nadie se pueda arrogar la potestad de agitar el fantasma del enfrentamiento entre comunidades autónomas por intereses meramente partidistas o territoriales que muchos consideran especialmente rentables, mucho más cuando la defensa de lo público nunca ha estado entre sus prioridades”.

En este sentido, Ruiz Salmón señala que proveer de recursos a las administraciones para cubrir los servicios y derechos de la ciudadanía “es una tarea colectiva” y “de nada vale señalar los supuestos males de otros cuando en las comunidades gobernadas por el PP, como Cantabria, se aplica el dumping fiscal y la rebaja de impuestos a unos pocos mientras el sistema lo soportan las familias trabajadoras”.

Así, el líder de la coalición cántabra recuerda que estos días el gobierno de María José Sáez de Buruaga ha sido señalado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) por el incumplimiento de la regla de gasto, así como que la comunidad ha dejado de ingresar 35 millones que solo dependen de decisiones de Cantabria y de esa rebaja fiscal a los impuestos de sucesiones e IRPF que aprobó el PP.

“Eso a Izquierda Unida de Cantabria le preocupa porque supone recortes, como los que ya estamos viendo en educación, sanidad o políticas sociales, y es única y exclusivamente responsabilidad del gobierno de Buruaga”, ha enfatizado.

UN MODELO FEDERAL Y SOLIDARIO

A raíz del acuerdo alcanzado entre PSOE y ERC para avanzar en la autonomía fiscal para Cantaluña, IU apunta que el actual modelo que regula el sistema de financiación autonómico -que data de 2009- se reveló hace ya tiempo “desigual y que no funciona”, con unos territorios especialmente perjudicados frente a otros, si se parte de la comparación de lo que recaudan por habitante y lo que reciben.

“Existe un problema global de financiación autonómica y no solo con Cataluña y las salidas singulares no pueden dejar de cumplir con el mandato de los diferentes Estatutos de Autonomía; cumplir con las obligaciones estatutarias o, en todo caso, acometer su desarrollo no debe ser discutible en cualquier modelo de financiación”, continúan.

Además, insisten en que cualquier modificación sobre financiación de las comunidades que están en el régimen común pasa por una reforma de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y requiere trabajar una correlación de fuerzas en el Congreso que la permita.

“Si se abre ese debate parlamentario, IU defenderá su propuesta solidaria y federal,vinculada al mantenimiento de los servicios públicos y a la población, y no a los territorios”, argumentan y destacan la “condicionalidad de la suficiencia financiera vinculada al cumplimiento solidario de aporte fiscal desde las comunidades para evitar ‘dumping’ o bajadas de impuestos por donde se escapa la mayor financiación de servicios.

En consecuencia, prosiguen, la propuesta de reforma de IU “debe pasar necesariamente por un plan de reducción condicionada de la deuda que la mayoría de las comunidades tienen con el Estado, una reforma fiscal para lograr una financiación autonómica justa y garantizar un suelo adecuado de servicios públicos a todas las personas en todos los territorios”.

La reforma fiscal para garantizar una financiación autonómica justa pasa para Izquierda Unida por una batería de propuestas que afectan a múltiples impuestos. Entre ellas, están “reformar el Impuesto sobre el Patrimonio para convertirlo en un verdadero impuesto a las grandes fortunas; actualizar la normativa básica del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que debería servir también para establecer una base liquidable homogénea y para revisar ciertos elementos de la estructura del tributo; eliminar la capacidad normativa sobre los mínimos personales y familiares en el IRPF a nivel autonómico, cuya función es la de determinar un nivel mínimo de renta no sometido a gravamen o impulsar el establecimiento de tasas turísticas que puedan revertir en los municipios con más afectación para que puedan compensarse los efectos negativos que pueda conllevar el turismo”.

En cuanto a la garantía de un suelo adecuado de servicios públicos a todas las personas en todos los territorios, la reforma del modelo de financiación autonómica “debe poner en marcha un esquema de nivelación total, que iguale la cobertura financiera de todos los servicios públicos con independencia de la capacidad fiscal de los territorios”.