Con fecha 5 de Julio el Juzgado de lo Social Nº6 de Cantabria daba a trámite la solicitud del Sindicato MAYSA de aportar a la Organización toda la documentación que se solicitaba en el plazo de 10 días para comprobar que Mercadona no esté incurriendo en un fraude de ley realizando un ERE encubierto.

El motivo por el cual se interpuso la demanda se fundamentada en que debido al alto nivel de despidos que se estaban produciendo, el sindicato tenía sospechas más que fundadas de que Mercadona estaría pasando el umbral de lo colectivo sin abrir los procedimientos correspondientes con la representación legal de los trabajadores y se estuviese llevando a cabo un ERE encubierto en su plantilla.

“El gran titán de la distribución, al que se le acusa de que podría estar actuando en fraude de ley, en vez de colaborar opta por interponer un recurso de reposición”, explica MAYSA, que detalla que cuando se le solicitan a la empresa entre otras cosas las cartas de despido y cualquier otra documentación de extinción de contrato a fin de determinar la calificación de los mismos alega que entregar esa documentación a la representación de los trabajadores sería incumplir la normativa en materia de protección de datos.

La empresa, que recuerdan está sancionada con cuantías millonarias por la AEPD (al respecto detallan el caso de la multa por el reconocimiento facial), “intenta cubrir sus atropellos sobre la plantilla amparándose en una ley que ni ella misma cumple y ahora nuevamente vulnera los derechos de información para aclarar una acusación tan grave como es un fraude de ley”.

Además en el mismo recurso, Mercadona considera que las pruebas documentales que pide el sindicato son “irrelevantes e innecesarias”, y que no se ha justificado mínimamente la necesidad de las mismas, “llegando su desfachatez a tal grado que es la propia compañía la que considera lo que el sindicato necesita o no para verificar si existe el ERE encubierto”.

“Desde MAYSA le queremos decir a Mercadona que, ante una sombra de duda tan grave como es la de un posible ERE encubierto, cualquier empresa, y más siendo líder del sector, colaboraría activamente para aclarar esta situación, a no ser que sea verdad y de ahí la negativa a entregar la documentación requerida”, señalan.

Y añaden que “la mercantil no debería entrar a valorar lo que ella considera que debe entregar a la organización sindical MAYSA ya que el derecho de lo que puede pedir lo marca la ley y es un juez quien estima que lo deben entregar, por tanto lo que la empresa tiene que hacer para que existan unas relaciones laborales transparentes y fluidas es cumplir con sus obligaciones con la parte social y dejar de hacer valoraciones que no le corresponden”.

En el sindicato concluyen que “con todo lo sucedido y en vista de su negativa de colaboración y cumplimiento de la información, si antes MAYSA pensaba que tenían ustedes un ERE encubierto ahora cada vez tenemos más claro que si le tienen”.