Todas las semanas la Audiencia Provincial de Cantabria tiene programados varios juicios sobre casos de abusos o agresiones sexuales.

Esta semana, a dos de delitos contra la libertad sexual se suma un tercero que legalmente se encuadra en la revelación de secretos y allanamiento de morada, pero cuyas víctimas eran mujeres a las que se violentó en su intimidad.

En concreto, la Sección Tercera de la Audiencia Provincia juzga este lunes, con tribunal del jurado, a un hombre por un delito de revelación de secretos y allanamiento de morada.

Se enjuicia a un hombre acusado de instalar unas cámaras de grabación en el baño y uno de los dormitorios de la vivienda que iba a alquilar a cuatro mujeres.

En total, las cámaras tomaron hasta veintiséis videos de escenas íntimas en los que aparecían las cuatro mujeres en diferentes horas durante dos días.

Sin autorización de las inquilinas, el acusado entró en el piso de madrugada y se escondió en el interior de una habitación del inmueble que estaba excluida del contrato de alquiler, con el fin de recoger las cámaras que había colocado.

Entonces, las mujeres le descubrieron e interpusieron denuncia.

Una vez detenido y antes de conocerse que había realizado grabaciones, el acusado facilitó a los agentes la figura de desbloqueo de su móvil, con lo que estos pudieron encontrar los videos.

La Fiscalía, la acusación particular y el propio acusado suscriben y elevan a la Audiencia un escrito que le considera autor de cuatro delitos de revelación de secretos en concurso con un delito de allanamiento de morada (morada, legalmente, significa el lugar en el que desarrollas tu intimidad, y está protegido, tenga o no relación con la propiedad de la vivienda).

La pena que figura en el escrito y admite el acusado se eleva a dos años de prisión, multas que suman 4.320 euros y prohibición de acercarse y comunicar con las mujeres durante tres años y nueve meses. Asimismo, se pide que sea condenado al pago de las costas, incluidas las de la acusación particular que están fijadas en 3.000 euros.

Además, esta semana hay dos juicios por delitos contra la libertad sexual.

El primero es el martes a las 9.30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, contra un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor de quince años a la que, según el escrito de la acusación particular, engañó ofreciéndole llevarle en su vehículo al domicilio de la chica cuando en realidad la llevó a su casa.

Una vez allí -continúa la acusación particular- le realizó tocamientos, le introdujo un dedo en la vagina y la obligó a realizarle una felación.

Por estos hechos, que la representación de la menor considera un delito de agresión sexual a menores, pide doce años de prisión, alejamiento durante diez años y libertad vigilada de ocho años, así como una indemnización de 15.000 euros.

La Fiscalía, por su parte, solicita la absolución del acusado al considerar que no ha quedado acreditado que se hayan cometido los hechos denunciados por la menor.

El segundo es el miércoles 11 a las 19.30 horas, a un hombre acusado de realizar tocamientos a la hija de su pareja, aprovechando que esta se encontraba ausente por trabajo. La mayoría de los casos de abusos o agresiones sexuales se producen en entornos cercanos: parejas de las madres, personas cercanas a la familia, incluso familiares.

Según el escrito del ministerio fiscal, el acusado convivía con la niña, que tenía catorce años. A lo largo de dos años, cuando su madre se ausentaba, en ocasiones el acusado le realizaba tocamientos por las piernas y los muslos por encima de la ropa y alguna vez cuando la chica dormía le metía las manos por debajo de las sábanas y encima del pijama.

Cuando el acusado intentaba tocarla la chica se lo impedía “empujándole o echándole para atrás”. Explica la Fiscalía que el acusado actuaba de este modo “prevaliéndose de su condición de padrastro”, manifestando a la menor en varias ocasiones que ‘si ya hacía todo lo que él decía la dejaría hacer lo que quisiera’”.

La chica, que relató en el colegio lo sucedido, se encuentra en tratamiento psicológico y presenta un estado emocional afectado en el área familiar, sexual y académica.

La Fiscalía califica estos hechos como delito continuado de abusos sexuales a menor de dieciséis años, merecedor de cuatro años y medio de prisión, alejamiento y prohibición de comunicar con la chica durante siete años e inhabilitación para desempeño que conlleve contacto con menores durante seis años.

En concepto de responsabilidad civil, pide el ministerio público que el acusado indemnice a la menor en 10.000 euros por las secuelas psicológicas que sufre.

El Gobierno de Cantabria, por su parte, como acusación particular, se suma a los hechos descritos por la fiscalía y añade a los mismos que en una ocasión el hombre empleó fuerza para inmovilizarla, agarrándole los brazos y estirándole las piernas.

Su petición de pena se eleva a siete años y medio de prisión, pide las mismas penas de alejamiento, prohibición de comunicación e inhabilitación, y solicita una indemnización que eleva a 15.000 euros.