Dentro del trabajo que viene haciendo Cantabria No Se Vende en los últimos meses para impugnar el modelo económico basado en la turistificación extrema, este colectivo acaba de lanzar un buscador de pisos turísticos legales. 

Centrado inicialmente en el área de la Bahía de Santander, dentro de la división por grupos de trabajo comarcales, se han plasmado en un mapa con un buscador las viviendas turísticas que cuentan con la autorización correspondiente de Turismo del Gobierno de Cantabria.

Y ahí es donde se encontraron con la primera dificultad: los registros de la Consejería detallaban 900 viviendas de este estilo, en los que el equipo de Cantabria No Se Vende que ha trabajado en el mapa ha hallado duplicidades.

Una vez depuradas, los pisos registrados se reducen a 500, una cifra que además no coincide con la última estimación que tiene el Instituto Nacional de Estadística, del pasado mes de febrero –realizada, por tanto, antes del verano y del anuncio de la nueva normativa, aún no aprobada definitivamente-. El INE tiene contabilizados 1.700 pisos turísticos, por lo que se detecta ya un desfase de 1.200 que no estarían registrados, es decir, que son ilegales.

Ese es uno de los objetivos de esta iniciativa de Cantabria No Se Vende, que en los últimos meses  ha desplegado una intensa agenda de reuniones, encuentros de trabajo, difusión de información o la organización de una manifestación junto a más colectivos implicados en la campaña Cantabria para vivir, coincidiendo con el Día de las Instituciones.  De lo que se trata es que ahora los propios usuarios consulten las viviendas que conocen en sus barrios o pueblos para ver si son legales o no. El propio buscador permite avisar de si se tiene constancia de apartamentos turísticos que funcionen sin permisos, es decir, sin cumplir con la Ley, en lo que se anticipa como el siguiente paso lógico de esta acción.

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Y si bien la alcaldesa llegó a sugerir la posibilidad de concentrar esta modalidad turística en los bajos de los edificios –donde ya están proliferando sin necesidad de ninguna acción ni cambio normativo por parte del Ayuntamiento-, a la hora de plantear sus alegaciones al decreto de viviendas turísticas, aunque acabó admitiendo el impacto, se centró en reproducir las que habían trasladado ya por su cuenta desde la Asociación de Hostelería.

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Las viviendas turísticas están en cuestión en los últimos años, y muy en especial en el último, por su contribución a un modelo de turismo masificado y a elevar los precios de los pisos, reduciendo además la bolsa de alquiler de temporada para perfiles estables como pudieran ser los estudiantes durante el curso académico o figuras antaño ‘deseadas’ por caseros y rentistas como los trabajadores sanitarios, por citar ejemplos.

Además de este factor, que está llevando a la adopción de medidas como la aprobación de tasas turísticas o las moratorias a las nuevas autorizaciones (no en Cantabria, pero sí en otras comunidades y ayuntamientos, incluso gobernados por el PP), se encuentra otro riesgo del que se advierte ya: su contribución a los desahucios.

Si bien el primer caso que fue conocido fue el de un bloque en la calle Santa Clara, en Santander, en el que finalmente el nuevo comprador se echó para atrás, los colectivos que trabajan por el derecho a la vivienda ya reportan casos, y activistas en otras ciudades como Madrid señalan directamente a las viviendas turísticas como responsables de la actual ola de desahucios.

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El caso de Santa Clara permitió identificar también a algunos de los protagonistas de esta tendencia: porque al perfil del rentista convencional se están sumando los grandes fondos financieros, muchos de ellos con capital latinoamericano o de empresas ligadas a la anterior crisis bancaria global, en un rastro difícil de seguir porque muchas veces la propiedad real late detrás de sociedades limitadas que gestionan edificio a edificio, con abogados o apoderados de grandes despachos que representan a decenas de empresas, sociedades y fondos.

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