El Sector de Dependencia de la Federación UGT-Servicios Públicos en Cantabria ha rechazado hoy incluir el sector de la ayuda a domicilio en el Real Decreto 893 aprobado el pasado 10 de septiembre, que regula la protección de la seguridad y la salud en el ámbito del servicio del hogar familiar.

El sindicato considera «un claro retroceso» y «un varapalo en toda regla» para las auxiliares de la ayuda a domicilio ser incluidas «en la regulación de un colectivo de empleadas domésticas de ámbito laboral y profesional muy distinto, y más, cuando tiene su propia regulación en la legislación común y su propia negociación colectiva».

Según precisa Margarita Pelayo, secretaria de Dependencia de UGT-Servicios Públicos en Cantabria, «desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, siempre hemos apostado por la profesionalización de la ayuda a domicilio mediante la negociación colectiva con las empresas especializadas y un convenio propio».

«Es un claro paso atrás porque el Gobierno español confunde ámbitos profesionales muy diferentes, ha generado un problema al incluirlo todo en la misma normativa y, además, sigue sin abordar las mayores lacras del sector de la ayuda a domicilio, como la infrafinanciación y la ley de desindexación que impide la revisión de precios estipulados en contratos de servicios públicos gestionados por una empresa».

En este sentido, la responsable autonómica de Dependencia de UGT matiza que «es indudable, que la imposibilidad de revisar los precios cuando se produce una modificación al alza de los costes laborales, desde la firma de un nuevo convenio o la subida del SMI o las cotizaciones sociales, limita y empeora las condiciones laborales».

«Lo verdaderamente importante es la mano de obra, los problemas de la contratación pública y su correcta ejecución y nada de ello se soluciona incluyendo a la ayuda a domicilio en una regulación propia del servicio del hogar familiar, más bien todo lo contrario», asegura la sindicalista.