El secretario general del PSC-PSOE y portavoz parlamentario, Pablo Zuloaga, ha asegurado que “el inmovilismo del PP con la vivienda responde a intereses especulativos e intereses del rentismo”.

“No queremos propietarios ricos e inquilinos pobres”, ha señalado, contraponiendo esa actitud y la inacción en las comunidades del PP con las medidas socialistas, entre las que ha citado el bono joven (con 3,8 millones para Cantabria) o el reglamento contra el fraude del alquiler de temporada, en elc aso del Gobierno central.

El exvicepresidente ha denunciado “que el PP no quiere tramitar la Proposición de Ley de Vivienda que hemos registrado desde el Partido Socialista”. De hecho – ha continuado- los regionalistas presentaron una iniciativa para exigir al PP que presente su propia ley de vivienda antes de que acabe 2024 y finamente, han acordado dilatar la Ley hasta 2025”.

Y  ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista llevará al Pleno del próximo 28 de octubre, una iniciativa parlamentaria que se basa en tres puntos: medidas para el control del precio de los alquileres; medidas para limitar la especulación en el mercado de los grandes tenedores y fondos buitre y medidas contra los desahucios, “que es el principal problema de la vivienda en este momento y no el discurso del miedo del PP con la ocupación”.

El dirigente socialista considera que “el Gobierno de España está teniendo que asumir que las comunidades autónomas del PP como Cantabria no pongan en marcha decretos que frenen el crecimiento exponencial de la vivienda vacacional”.

El portavoz parlamentario ha lamentado que “acceder a una vivienda se esté convirtiendo más en un drama que en un derecho. Negar este derecho y negar una vivienda digna a los cántabros es anticonstitucional”. Por eso, ha insistido, “el PP tiene que abandonar su posición insumisa y antisistema de cumplir las leyes del Estado, como la Ley de Vivienda”.

No obstante, ha explicado, “en Cantabria, el PP de Buruaga se niega a utilizar herramientas que la Ley Estatal de Vivienda contempla para las comunidades como los estudios de zonas de alquiler tensionado como Santander, Laredo y otras de la costa de Cantabria…Mientras tanto el consejero de Fomento, ahora también de Vivienda se dedica a lanzar perlas sectarias como que esto no es Cuba y a los pocos días Bruselas decidió intervenir el mercado del alquiler o que la huelga de alquileres responde a un ‘conglomerado de la extrema izquierda”.

“Que deje de hacer el ridículo el señor Media y que deje a un lado el discurso del miedo sobre la ocupación”, ha precisado Zuloaga quien también le ha recordado que “los últimos datos oficiales indican que la ocupación afecta al 0,6% de cada 100.000 habitantes en Cantabria, es decir, 7 procedimientos en 2023, 7 casos”.

No obstante, “vemos como los desahucios se han disparado hasta junio en Cantabria en un 85%. Esta es la crisis de vivienda que el PP no quiere afrontar”.

“La crisis de la vivienda es la pandemia de esta legislatura”

Según el portavoz parlamentario socialista “la crisis de la vivienda es la pandemia de esta legislatura. La pasada legislatura decidimos garantizar la salud por encima de los intereses privados y ahora vemos como el PP pone por delante los intereses privados a los derechos fundamentales”.

La pasada legislatura, ha recordado, “en los primero 20 meses de gobierno, incrementamos el parque público en 113 viviendas, pasado de 234 a 386, apostamos por la rehabilitación con fondos europeos para las viviendas de la Renfe en Cajo o para el Barrio Obrero del Rey; lanzamos toda la VPO de la que ahora presume el Ejecutivo del PP e impulsamos 250 viviendas de alquiler asequible en el Campón de Peñacastillo en Santander”. ahora, ha lamentado, “un PP que renunció a más de 13 millones de euros de fondos europeos y todavía no ha cumplido con su promesa de asumirlo con fondos propios”.

Finalmente, Pablo Zuloaga ha asegurado que “no se pueden dilatar las soluciones a la crisis de vivienda que sufren los cántabros”. “No podemos permitir esta parálisis del PP y esta ceguera sectaria e ideológica que condena a miles de familias cántabras a enormes dificultades en el acceso a la vivienda”, ha concluido.