Tal y como recuerdan expertas y colectivos que trabajan contra la violencia y abusos sexuales, la mayoría de los casos de agresiones se producen en los entornos cercanos de las víctimas: personas cercanas a ellas o a sus familias.

Lo corrobora semana a semana la agenda judicial: este miércoles, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria juzgará a un hombre por agresión sexual a una menor de edad.

El hombre está acusado de realizar de manera continuada tocamientos a su sobrina menor de edad.

El 016 es el teléfono de atención a las víctimas de violencia de género. No aparece en la factura, pero sí hay que borrarlo del listado de las llamadas realizadas desde el móvil

Según el escrito de la Fiscalía, el acusado, “aprovechándose de la relación de confianza que tenía” con su sobrina, de diez años de edad, en una ocasión le realizó tocamientos en la espalda y, cuando la niña se apartó y le dijo que quería irse, este “la agarró para impedir que se marchase y realizó tocamientos en el pecho, los glúteos y la zona vaginal, tanto por fuera como por dentro de la ropa”.

Semanas después, encontrándose la menor en la cocina de su casa, el acusado le “bajó la camiseta y la tocó el pecho”, a lo que la menor “intentó abandonar la estancia si bien no lo consiguió ya que el acusado la agarró con fuerza”.

Este “realizó tocamientos a la menor en glúteos, pecho y vagina, tanto por dentro como por fuera de la ropa”, y se sentó en una silla colocándola “a horcajadas encima de él”.

Entonces, “mientras la sujetaba fuertemente para impedir que se marchase, comenzó a moverse y a masturbarse contra su zona vaginal”.

La menor, que presentó denuncia ocho años después siendo ya mayor de edad, sufrió un trastorno de estrés postraumático y lesión social, con secuela psicológica.

Los hechos constituyen, a juicio del ministerio público, un delito continuado de agresión sexual, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de anomalía psíquica, merecedor de nueve años de prisión, diez de alejamiento y prohibición de comunicar con la menor, nueve de libertad vigilada y seis de inhabilitación para desempeño con menores.

En concepto de responsabilidad civil, pide la fiscalía que el acusado indemnice a la joven con 7.000 euros por las secuelas que sufre.

Por su parte, la acusación particular, que ejerce la denunciante, no reconoce la existencia de ninguna atenuante, pide una pena de diez años de prisión, las mismas penas que solicita la fiscalía de alejamiento, incomunicación, libertad vigilada e inhabilitación, y una indemnización de 10.000 euros.