Si se atiende a cómo lo presenta el equipo de Gobierno municipal, en Santander las tasas o impuestos por servicios públicos nunca las sube la institución, sino las empresas concesionarias. El Ayuntamiento no sube impuestos, son las empresas.
La explicación obvia, valga la redundancia, una obviedad: que es un servicio público que la institución deriva a una empresa privada y que los precios que se fijan los fija el Ayuntamiento, al ser un servicio que sigue siendo público.

En el caso del servicio de suministro de agua, que presta AQUALIA (ahora FCC-Aqualia), la subida es de un 2,8%.

Los propios pliegos reflejan la obligación de actualizar las tasas conforme el IPC (el índice que mide las subidas de precios) y también que sea el Ayuntamiento el que apruebe cada año las tarifas por los servicios, por lo que, efectivamente, la subida no es una decisión de la empresa, sino municipal.

Distinta legislación estatal o europea marca que las tasas deben recoger no sólo el coste que se estima que tiene realmente el servicio como el beneficio para la empresa, que debe contemplarse.

Y en el caso de Aqualia, la empresa viene obteniendo en los últimos años un beneficio superior a los 3 millones de euros anuales, como se desprende de los balances de gastos e ingresos que constan en documentación municipal consultada por EL FARADIO.

Así, en 2023 la empresa tuvo unos gastos de 14,8 millones de euros y unos ingresos de 18,5 millones; y en 2024 unos gastos de 15,4 millones para unos ingresos de 19 millones. Es decir, los beneficios en 2023 fueron de unos 3,7 millones de euros y en 2024 de 3,4.

Para 2025, se estima que el servicio genere unos gastos de 16,1 millones de euros (1,3 millones de euros más que hace dos años) y unos ingresos de 19,4 millones, con lo que los beneficios para la empresa serán de 3,3 millones.

Según detalla la Dirección de Ingresos Públicos, el impacto de la mera actualización de la tasa por parte del Ayuntamiento (el resto de ingresos vienen por distintas vías) es casi 300.000 euros más para la empresa. Para 2025, se estima que se dejara de cobrar 298.694 euros por las distintas tasas reducidas previstas para usuarios que encajen en alguno de los supuestos en los que no se repercute íntegramente.

Con todo, la empresa quería una subida mayor, de un 6,03%, alegando que en 2019 y 2020 no se aplicó la subida del IPC que marca el pliego y entendiendo que se ‘acumulan’. Desde Ingresos Públicos se matiza que en 2021 se aprobó el reequilibrio económico-financiero del contrato y se recuerda que eso se hizo para que se redujeran los ingresos de la empresa, mayores de lo previsto.